1 mil 226 niños, asesinados en la “guerra” de Calderón

Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y “declaró” una “guerra” contra el narcotráfico, han muerto 1 mil 226 niños y niñas en fuego cruzado y ataques directos. Tan sólo durante las primeras siete semanas de 2011, 52 menores perdieron la vida en hechos de violencia. Casi un niño muere a diario, revelan estudios de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, el panista Guillermo Tamborrel, culpa a los padres “que no se paran en los retenes” del Ejército.

Karen Yazmín Córdoba Chaparro, de 16 años, fue asesinada el 31 de enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua; la menor contaba siete meses de embarazo. Su caso, como el de dos adolescentes más (Evelyn Salinas Palma, de 14, y Flor Estefanía Ontiveros, de 15, se suma a la lista de “las muertas de Juárez”, pero también a la de los homicidios relacionados con la “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa.

Ejecutados y calcinados, Brayan, de ocho años, y su padre Fidel Andrade murieron la noche del miércoles 16 de febrero en el fraccionamiento Villa Colonial, Chihuahua. Fueron perseguidos por un comando armado. Cuando fueron alcanzados, sus atacantes incendiaron el automóvil. Un tercer pasajero resultó herido.

Esmeralda Lozoya Real y las hermanas Karen y Briseida Barraza Carrasco –de 12, 14 y 15 años, respectivamente– fueron asesinadas mientras jugaban en el patio de su casa la noche del 23 de febrero. La Fiscalía General de Chihuahua se apresuró a “informar” que el padre de las niñas “vendía droga”.

El senador panista Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirma que en México se respetan los derechos de la ciudadanía, en especial de la niñez. “Cuando esto no se da, cuando vemos casos en que, por ejemplo, hubo un menor que muere acribillado, es porque el papá no se paró en el retén. Ahí la responsabilidad es del papá, y es él quien está violentando los derechos del niño; con todo respeto”.

De acuerdo con la Presidencia de la República, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, 34 mil 612 personas han sido asesinadas en hechos en que estaría vinculada la delincuencia organizada. De ese total, 1 mil 226 son niños, niñas y adolescentes que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, revela la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En los estados en que aumentó la tasa de homicidios dolosos –Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa–, también subió el índice de muertes infantiles. “Para subrayar la importancia de la cifra, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en los últimos tres años y 10 meses”, indica la Redim en el informe Infancia y conflicto armado en México.

Verónica Morales González, responsable de Comunicación Estratégica de la Redim, explica que el estudio fue editado a mediados de 2010, cuando se contabilizaban 994 niñas y niños asesinados. De entonces y hasta el 23 de febrero, 232 más perdieron la vida, de acuerdo con un análisis hemerográfico de la organización. Tan sólo durante los primeros 54 días de este año, 52 menores fueron asesinados: en México casi un niño muere a diario en hechos relacionados con la “guerra” contra el narcotráfico.

En el informe, se documenta el asesinato de Elizabeth Martínez, de dos años de edad, en un enfrentamiento entre el Ejército y delincuentes (diciembre de 2009); la masacre de 29 adolescentes y jóvenes en Ciudad Juárez (enero y octubre de 2010); 10 jóvenes, siete de ellos menores de edad, en la sierra de Durango (marzo de 2010); Martín y Bryan, de nueve y cinco años de edad, que fallecieron por impactos de bala en Nuevo Laredo, Tamaulipas (abril 2010); y los casos de una niña de ocho años, su hermano de 12 y su madre que murieron por fuego cruzado en Acapulco, Guerrero (abril de 2010).

Para el panista Sergio González Hernández, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, México está siendo agredido por grupos que pretenden vivir al margen de la legalidad y buscan imponerse como un poder de facto, ajeno a las instituciones del Estado. Afirma que la seguridad es una prioridad del gobierno de Felipe Calderón, quien ha actuado con “responsabilidad”.

Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, está de acuerdo con la “guerra” iniciada por Felipe Calderón luego de asumir la Presidencia de la República en diciembre de 2006. Considera que la alternativa que han dado “otros” al problema del narcotráfico es dejar que las drogas avancen. “Si alguien tiene una estrategia mejor, pues que la ponga sobre la mesa; pero lo que no se vale es señalar y lucrar con la vida de estos casi 1 mil menores. No se vale rasgarse las vestiduras, no se vale hacer esos señalamientos sin tener una información completa”.

El pasado 31 de enero, ante el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, aseguró que en México no hay un conflicto armado, por lo que se “cumple plenamente” el Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados y el derecho internacional humanitario.

El funcionario destacó que en México existe la posibilidad de que los adolescentes de 16 y 17 años hagan su Servicio Militar Nacional (SMN), pero “de manera estrictamente voluntaria bajo las premisas de plena información, consentimiento del padre o tutor y a petición”, tales condiciones aplicables a los alumnos de las escuelas militares, quienes “realizan actividades como técnicos mediante contratos específicos con el Ejército que pueden ser rescindidos también de manera voluntaria”.

La vicepresidenta del Comité, Rosa María Ortiz, entonces declaró que la legislación mexicana debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin que se les criminalice o se ejerza violencia estatal. “Los siete niños desaparecidos del hogar Casitas del Sur, los asesinatos de niños víctimas de crímenes que estaban protegidos y en rehabilitación, la muerte de 49 niños por el incendio en la Guardería ABC en Sonora, cuyos padres siguen reclamando justicia, son una triste prueba de un sistema con graves falencias y que, sin embargo, deben responder a este Protocolo sobre venta de niños”.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la OACNUDH –en el documento Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 de Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados– lamenta el clima de violencia que impacta significativamente en los derechos y la vida de los niños en México. De las 38 recomendaciones que el organismo internacional realiza al gobierno, destacan: establecer un método para recopilar información y datos estadísticos acerca de la aplicación del Protocolo Facultativo, y abrogar el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar para evitar que menores de edad puedan ser reclutados en escuelas militares o para que realicen su SMN. Las autoridades federales deberán presentar nuevamente un informe el 20 de abril de 2011.

En conferencia de prensa celebrada el 16 de febrero pasado, Fernando Viveros García, miembro de la red internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes en México, criticó la actitud del gobierno mexicano respecto de los derechos de los niños. “Los informes del gobierno, las respuestas a las preguntas del Comité por escrito y la sustentación de manera directa y personal con el Comité sólo reflejan la ignorancia y el poco compromiso del gobierno y, en general, del Estado mexicano con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.

Niños, involucrados por la Sedena en la “guerra” contra el narco.

Los primeros tres artículos del Protocolo Facultativo establecen que ningún menor de 18 años puede participar directamente en “hostilidades”. No obstante, el Tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que, del 25 de mayo al 1 de agosto de 2009, 314 voluntarios del SMN formaron un grupo para erradicar cultivos de amapola y mariguana en Michoacán.

Ante los datos, el senador panista Guillermo Tamborrel considera que sumar a los jóvenes desde esa edad a la lucha contra los enervantes es “positivo”, porque no sólo los llevan, sino que les muestran cuáles son los efectos de consumirlos. “Si los militares toman la decisión de que los jóvenes contribuyan a ese combate, la cuestión legal está solventada”.

En 2009, 5 mil 609 integrantes del Sistema Educativo Militar –incluidos directivos, docentes, discentes y apoyo de diversos servicios– realizaron actividades de erradicación en Sinaloa, del 15 de junio al 4 de julio. “Es la primera vez que se involucran jóvenes alumnos de las escuelas militares en tareas de lucha contra el narcotráfico, demostrando cómo esas tareas ‘temporales’ del Ejército han adquirido una importancia tal”, precisa el informe de la Red.

“Que los jóvenes estudiantes participen en la localización y destrucción de enervantes es parte de esa vinculación permanente que debe de existir en este tipo de educación y, además, el adiestramiento del orden militar. Estas acciones permiten a los egresados tener esa lealtad con el país; por eso vemos un Ejército comprometido con las causas de México. Si bien los intereses y este tipo de actividades pudiera pensarse que se salen un poquito de los paradigmas que se manejaban en años anteriores, creo que la participación de esos soldados que están cumpliendo con un servicio militar no está fuera de la ley”, considera González Hernández.

De diciembre de 2006 a julio de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 4 mil 35 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares (ocho en 2006; 376 en 2007; 1 mil 143 en 2008; 1 mil 644 en 2009, y 864 durante el primer semestre de 2010). Al respecto, el diputado Sergio González reconoce que es posible que se violen derechos fundamentales de las personas; pero justifica: “Ante todo, se debe garantizar la seguridad pública”.

La Redim indica que, en el mismo periodo, 3 mil 664 adolescentes han sido detenidos en operativos federales contra la delincuencia organizada. “Si no se les presentan opciones a los jóvenes y no se les da la oportunidad de que tengan una mejor calidad de vida, elegirán la puerta falsa, porque es lo único que tienen a su alcance. La actual política económica ha excluido a los jóvenes de las oportunidades de educación, salud y empleo; por lo tanto, no nos extrañemos que este sector se pueda convertir en terreno fértil para incorporarse al crimen organizado”, comenta Mary Telma Guajardo Villarreal, secretaria de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Redim, explica que no ha tenido ningún contacto con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional ni con otras áreas encargadas de la seguridad pública y nacional del país, a pesar de haber solicitado una reunión de trabajo con las dependencias. “El tema central, más allá de la buena voluntad y disposición de las personas (refiriéndose a Cecilia Landerreche y a Margarita Zavala), es cómo hacemos que esto sea institucional y que tengamos un banco de ley que fuerce a todos a cumplir con lo que establece el Comité”.

Contralínea solicitó entrevista con María Cecilia Landerreche Gómez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y con Victoria Adato Green, directora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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