El esquema realizado por el gobierno capitalino para la operación de los 4 mil 174 parquímetros instalados en las colonias Cuauhtémoc y Juárez permite que se privaticen cada año alrededor de 45 millones de pesos. Sin posibilidad de ser auditados, los recursos públicos ingresan a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y son transferidos a empresas y fideicomisos privados.
En el Distrito Federal se privatizan alrededor de 45 millones de pesos cada año que provienen del Programa de Parquímetros. Las ganancias obtenidas por la “prestación del servicio” son transferidas a la empresa Operadora de Estacionamientos Viales, SA de CV (Opevsa), propiedad de Luis Raúl Sarmiento del Valle, a dos fideicomisos de carácter privado y a la paraestatal Servicios Metropolitanos, SA de CV (Servimet).
Dicho esquema –creado en 1994 por el entonces regente priista del Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal– se ha mantenido vigente bajo las administraciones perredistas de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard Casaubón.
“Lo que sucede es permitido por el gobierno capitalino, la Oficialía Mayor y Servimet”, dice Tomás Pliego Calvo, exdiputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Durante los 17 años de operación del Programa de Parquímetros, a la empresa subcontratada por Servicios Metropolitanos se le ha entregado el 55 por ciento de las ganancias derivadas de estacionamientos e igual porcentaje recabado por retiro de candados. “La empresa prestadora de servicios es la que más ganancias se lleva. Una cosa descabellada”, comenta Pliego Calvo.
En 1994, Servimet contrató a la empresa Opevsa para la operación integral del sistema de parquímetros luego de que el entonces Departamento del Distrito Federal celebrara, en 1992, un contrato de prestación de servicios con la paraestatal para que en su nombre administre, norme, vigile y cobre el sistema de estacionamiento en la vía pública del Distrito Federal.
Servimet y Opevsa acordaron la colocación de 6 mil aparatos medidores de tiempo (parquímetros) sobre las aceras de las colonias Cuauhtémoc y Juárez. Hasta ahora, la operadora únicamente ha instalado 4 mil 174.
Aída Lazcano, doctora en derecho, y Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coinciden en que la empresa de participación estatal mayoritaria, Servimet, estaba facultada para la operación integral del sistema de parquímetros y no había argumentos para involucrar a un tercero.
Fideicomisos privados
Tras la oposición vecinal, Servicios Metropolitanos firmó un convenio en cada una de las colonias, que establece la entrega del 16 por ciento de la recaudación bruta a los vecinos a través de dos fideicomisos de carácter privado. El dinero sería utilizado para infraestructura y servicios públicos.
Los fideicomisos, a decir de Daniel Márquez, son ilícitos, puesto que al tratarse de instrumentos constituidos por una empresa del Estado, obligatoriamente deben ser públicos.
Los vecinos tienen derecho a que el ciento por ciento de los ingresos sea destinado al desarrollo de su área, enfatiza el investigador. El gobierno, dice, tiene la obligación de hacer planes y programas para administrarlos, en vez de utilizar fideicomisos privados controlados por minorías.
Servimet deposita recursos públicos en las cuentas bancarias de los fideicomisos vecinales. Entre 300 y 400 mil pesos mensuales son administrados por los comités técnicos del Fideicomiso de Inversión y Administración de los ingresos de los Residentes de la Colonia Juárez y comerciantes de la Zona Rosa, y del Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos de los Residentes de la Colonia Cuauhtémoc. Este último, objeto en 2003 de una denuncia penal por presunta administración fraudulenta.
“No había manera de demostrar un mal manejo”, aduce Ramón Ibarra Ibáñez, presidente de la Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc, AC, organización que tiene pleno control sobre los recursos que corresponden a este lugar.
Tomás Pliego Calvo, quien denunció a Ibarra ante la Procuraduría General del Distrito Federal cuando era subdelegado Territorial de las colonias Juárez y San Rafael, dice que el recurso jurídico no prosperó debido a la naturaleza privada del fideicomiso.
Ante la propuesta de que los recursos sean administrados en su totalidad por el gobierno capitalino, Ibarra expresa su desconfianza, pues dice que el gobierno es un ente opaco. El diseñador industrial y presidente del Comité Técnico del fideicomiso de la colonia Cuauhtémoc asegura que las figuras fiduciarias privadas son instrumentos eficaces.
Aunque se sabe sin representatividad ante los colonos, el hombre de 56 años no está dispuesto a “entregar” el Fideicomiso a los comités electos en diciembre de 2010, toda vez que asume como un logro de su organización el control de los recursos: “Tampoco estamos aferrados. Hay que buscar los mecanismos. No queremos que se manejen políticamente los recursos”.
Órgano de control, ineficiente
Pese a las observaciones hechas por la Contraloría General del gobierno de la ciudad –en las cuales se exhorta a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal y a la empresa Servimet a “regularizar la figura atípica de fideicomisos no públicos como fideicomisos públicos, o en su defecto, proceder a su extinción, considerando evitar entregar recursos de origen público a fideicomisos privados”–, Servicios Metropolitanos argumenta que el dinero es privado.
Los recursos con los que operan los fideicomisos, justifica Servimet al órgano de control, son generados por la aplicación del Programa de Parquímetros, aportaciones de particulares y por los residentes de las colonias, “por lo que les corresponde el carácter de fideicomisos privados”.
Como resultado del “análisis” de la documentación, la Contraloría determinó que los recursos con los que operan los fideicomisos constituidos por la paraestatal son de carácter privado, y dio por solventada la observación.
No obstante, el argumento contraviene el Código Fiscal del Distrito Federal, el cual establece que el pago por estacionarse en la vía pública es un derecho que se deriva del uso y aprovechamiento de bienes del dominio público, es decir, las calles.
De acuerdo con el experto en derecho administrativo Daniel Márquez, el dinero es público puesto que es producto del pago por el uso de un bien común, como lo establece la Ley de Bienes Nacionales en el artículo séptimo.
Para Márquez, la resolución de la Contraloría es ilegal, al derivarse del “análisis” de documentos que acreditan únicamente la violación a la Ley Orgánica del Distrito Federal.
Recaudación millonaria
Un parquímetro recauda potencialmente 64 pesos diarios; al mes, 1 mil 791 pesos; y 21 mil 493 pesos, en un año. El monto potencial anual por las 4 mil 174 máquinas suma más de 89 millones de pesos.
Aunque la Ley de Ingresos del Distrito Federal contempla que por el derecho de estacionamiento de vehículos en la vía pública se espera anualmente más de 90 millones de pesos, Servicios Metropolitanos reporta entradas por alrededor de 50 millones de pesos.
Al carecer de un esquema de vigilancia y supervisión, el gobierno capitalino no tiene el control de los recursos, los cuales se recogen de las alcancías por personal de la prestadora de servicios, un supervisor de Servimet, y son entregados a la Tesorería del Distrito Federal. “No hay garantía de que se entregue todo el dinero recolectado”, sugiere Gustavo García, abogado y miembro del Comité Ciudadano de la colonia Cuauhtémoc.
El dinero se transfiere al Fideicomiso de Administración y Supervisión del Programa de Parquímetros, administrado por Servimet, para que éste, a su vez, haga el depósito de los porcentajes correspondientes bajo tres rubros: pago de derecho de estacionamiento, multas y retiro de candados.
La Secretaría de Seguridad Pública recibe el 18 por ciento por concepto de estacionamiento, 18 por ciento por retiro de candados y 59 por ciento del pago de multas; Servimet, 11 por ciento por estacionamientos; 11, por candados, y 25 por ciento de multas; mientras que Opevsa recibe el 55 por ciento por estacionamiento y 55 por ciento de multas; los vecinos reciben el 16 por ciento de lo generado en su colonia.
Repartición inequitativa
Sarmiento del Valle, propietario y director General de Opevsa, asegura que la distribución de los recursos, “equitativa o no, ha sido muy buena”.
Para Alejandro Sánchez Camacho, miembro de la Comisión de Transporte y Vialidad de la ALDF, el Programa de Parquímetros representa un negocio camuflado, excesivo y sin beneficios para la administración pública; “un abuso”.
“¿Cómo te explicas que un programa para beneficiar a la ciudad le deje a los vecinos 16 por ciento, a la empresa el 60 por ciento y 24 por ciento al gobierno?”, pregunta Pliego Calvo, quien lleva 10 años dedicado a la investigación y denuncia de las irregularidades del Programa de Parquímetros. “Es falta de voluntad. Un foco de podredumbre, de corrupción, de opacidad en la ciudad, inexplicable e injustificable cuando está gobernada por la izquierda”.
Solución
Daniel Márquez explica que para dar solución al conflicto, se tendría que rescindir el contrato con Opevsa, reconocer que es lesivo e iniciar un juicio. Invertir el ciento por ciento de los ingresos en la colonia y operar el Programa con estricto apego a la ley.
La solución para Pliego Calvo es “finiquitar el Programa de Parquímetros tal cual existe hoy y cambiar las reglas del juego, que son perversas y muy opacas. Marcelo Ebrard tiene facultades para hacerlo”. Sin embargo, Federico Manzo, diputado panista, afirma que no hay voluntad del Gobierno del Distrito Federal para que se transparenten los recursos generados.
Servimet
El estado actual en materia legal, administrativa y financiera que guarda la empresa Servicios Metropolitanos, SA de CV, no es clara. Su Oficina de Información Pública reservó la información solicitada por Contralínea a través de la petición 0323000002411. Según consta en la respuesta, se facilitaría la ejecución de cualquier procedimiento judicial, lo que causaría perjuicio al patrimonio de la paraestatal debido a los diversos juicios que enfrenta.
Andrés Manuel López Obrador, en las postrimeras de su administración, ordenó la liquidación parcial de la empresa; sin embargo, a decir de Federico Manzo, Marcelo Ebrard rescató Servimet porque resulta una fuente de ingresos con posibilidad de no ser transparentados.
Para la realización de este trabajo, se solicitó entrevista con Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del Gobierno del Distrito Federal; Armando López Cárdenas, secretario de Finanzas; José Ricardo Sainz Lavista, contralor General; Adrián Michel Espino, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal. Respecto de la solicitud, Rafael Vázquez, coordinador de Audiencia y Acuerdos, dijo que la instrucción del titular es que el asunto lo atienda Javier Gutiérrez Muro Pliego, director General de la paraestatal, quien canceló la entrevista.
Funcionamiento
Según la Encuesta origen y destino realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 6 millones de personas se movilizan en transporte privado; los autos particulares representan el 90 por ciento de la flota, y el 35 por ciento del espacio público es ocupado por autos aparcados.
Debido a los altos requerimientos y a la colindancia con el Corredor Reforma, se creó el Programa de Parquímetros para regular el estacionamiento en la vía pública en las colonias Cuauhtémoc y Juárez.
Los parquímetros se encuentran sobre las banquetas y cobran actualmente 2 pesos por fracción de 15 minutos. Al agotarse el crédito, una luz roja titila. Personal de Opevsa y un policía bancario recorren continuamente las calles a bordo de un auto; en cuanto se localiza alguna luz encendida, colocan un candado en la llanta del auto.
Una vez puesto el inmovilizador, el ciudadano debe pagar en las oficinas de Opevsa 287 pesos por concepto de multa por estacionarse en lugar prohibido sin haber cubierto la cuota de estacionamiento, y 173 pesos por el retiro de candado. La empresa no ofrece seguro a los automovilistas en caso de daño o robo.
Quejas
Actualmente, ningún órgano o dependencia lleva el registro exacto de las quejas o inconformidades por la operación y funcionamiento de los parquímetros. Tampoco hay mecanismos para que los usuarios inconformes sean escuchados o atendidos. Cuando acuden a las oficinas de la empresa a levantar una queja, son enviados, por un letrero adherido a la ventanilla de cobro, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para iniciar una demanda de nulidad.
Aunque el diputado Federico Manzo y los integrantes de los fideicomisos consultados por este semanario coinciden en que las quejas de los usuarios “son muchas”, de acuerdo con la respuesta a las solicitudes de información pública 3200000006711 y 0109000019511, de 1995 a febrero de 2011 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido 23 quejas referentes a los parquímetros, una de ellas derivada en recomendación.
La Secretaría de Seguridad Pública registró en 2009 una queja y en 2010, ocho. Los motivos son mal funcionamiento del parquímetro, agresiones por parte del personal de Operadora de Estacionamientos Viales, reportes de franeleros en la zona, máquinas que se tragan el dinero y la colocación arbitraria de candados.
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