Guillermo Ortiz Martínez, quien es ahora presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, estaba sorprendido porque una iniciativa tan importante como la fiscal saliera de las filas de la oposición.
Él mismo padeció el rechazo opositor panista a una reforma fiscal cuando era Secretario de Hacienda. Y ahora, los opositores de su partido emiten desde la bancada del Senado una reforma que, si no correcta, sí es ambiciosa y termina con muchos mitos sobre los tabúes priístas.
No hay que dejar de insistir en el mérito que tiene la iniciativa fiscal de Manlio Fabio Beltrones como una jugada política propositiva. El experimentado legislador decide insertarse en el juego sucesorio de la mejor manera: con una acción positiva.
Es un hecho que el documento, como está, queda lejos de ser una solución fiscal acertada, pero abre la puerta a una discusión real, profunda. Si Beltrones y el PRI rechazaran un debate fiscal más allá de lo que proponen, quedarían en evidencia de haber puesto una trampa electoral.
Lo propuesto desde la bancada del Senado tricolor es profundo, incluye cambios en los dos ejes fundamentales del sistema fiscal mexicano: IVA e ISR. Totalmente perfectible, pero bien apuntado el tiro legislativo.
Beltrones abrió la caja de Pandora de los cambios estructurales. Y aunque se suelten los demonios que intentarán cualquier modificación que implique progreso, lo cierto es que los que tienen posibilidades reales de gobernar el país en el futuro ya se dieron cuenta que los cambios son inaplazables.
Un cambio también con tintes estructurales llegó el año pasado con el sello de la bancada panista de la Cámara de Diputados, pero con la manufactura de la Secretaría del Trabajo: una reforma laboral que no pretendía tocar el 123 constitucional, pero sí tocar a los sindicatos en esa impunidad ofensiva en la que viven.
El PRI se encargó de descafeinar la iniciativa y lanzó su propio plan que no incluía nada que pudiera molestar los oídos de los delicados dirigentes sindicales. Hoy esa versión light de reforma laboral es la que más probabilidades tiene en el Congreso.
Y ya en este ambiente de ponerse a hacer lo correcto de una vez por todas, el PAN en el Senado se animó a hacer lo correcto en materia energética: sacudirse el miedo de llamar a las cosas por su nombre y proponer una muy sensata participación del sector privado en la industria petrolera.
Si ya se van a revolcar en sus dogmas los reventadores de los grupos minoritarios de la izquierda, pues de una vez que lo hagan con provecho con una iniciativa urgente.
Esta es la obligación del partido en el poder: proponer los cambios que consideren necesarios, hacer política para conseguirlos y que no quede en sus manos si fracasan los cambios.
Esta iniciativa panista incluye modificaciones constitucionales, por lo que la participación priísta es indispensable. Porque se puede superar un plantón de Noroña en la tribuna, pero nunca la falta de votos en el Congreso federal y en la mayoría de las legislaturas locales.
El razonamiento es elemental. Si el Estado no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo determinadas labores petroleras y tiene que distraer recursos hasta del gasto social, pues mejor que alguien más lo haga.
Este razonamiento es válido hasta en gobiernos perredistas, como el de la ciudad de México que concesiona el transporte público y las vialidades, pero el dogma petrolero está tatuado entre los peores traumas autoinducidos de este país. No hay aspirante a la Presidencia del 2012, que sea sensato, claro, que no quisiera ver esos problemas resueltos en esta administración para llegar a gozar de las mieles de los cambios.
Las posibilidades de que se puedan concretar estos cambios estructurales económicos, y otros más políticos, son bajas. Pero si los tricolores ya destaparon esa posibilidad, no hay que perder el último tramo de esperanza.
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