La bancada del PRI en la Cámara de Diputados se prepara para dictaminar una reforma laboral afín a los intereses de los sindicatos corporativizados en ese partido y contraria a los derechos de los trabajadores.
El dictamen será elaborado en los próximos días por una subcomisión en la que el PRI tiene mayoría y de la que forman parte varios de los eternos líderes sindicales.
El coordinador de la subcomisión que ayer quedó integrada es el diputado Armando Neyra Chávez, líder desde hace muchos años del Sindicato de Trabajadores de la Industria Refresquera y actualmente secretario de Finanzas de la CTM.
En ese grupo también está el secretario general de la CROC, Isaías González, artífice de la iniciativa que fue presentada a nombre de la bancada del PRI.
Otro integrante de la subcomisión es el diputado Víctor Flores, secretario general del Sindicato Ferrocarrilero, uno de los más poderosos en cuanto a manejo de recursos económicos y a movilización humana, afiliado a la CTM.
También forma parte de la subcomisión Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana desde hace aproximadamente 30 años, 25 de los cuales estuvo corporativizado en el PRI.
La pequeña reforma laboral que interesa a los líderes sindicales y a las organizaciones empresariales se empezó a planchar desde el pasado viernes, cuando se reunió un grupo de diputados del PRI.
En dicha reunión, los priistas llegaron a cuatro acuerdos fundamentales: uno, crear la Subcomisión de Consenso y Dictamen; dos, no permitir que diputados de otras comisiones formen parte de esa subcomisión y tres, abrir un periodo de consulta.
El cuarto acuerdo, el más importante, es que el dictamen con la reforma laboral debe ser presentado al pleno antes del 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de sesiones.
La Subcomisión de Consenso y Dictamen quedó integrada ayer con 18 diputados, de los cuales ocho son del PRI, cinco del PAN, tres del PRD, uno de Convergencia y uno del PT.
El PRI y el PAN juntos hacen mayoría, por lo que para ellos será sumamente sencillo aprobar un dictamen favorable a sus propios intereses.
La iniciativa de reformas a la Ley del Trabajo que presentó el PRI el 10 de este mes, lo hemos dicho antes, tiene una orientación conservadora y patronal.
Protege los intereses de los líderes sindicales, tanto los corporativizados en el PRI como los de la Unión Nacional de Trabajadores, y atenta contra los derechos de los trabajadores.
Propone, por ejemplo, dar mayores facilidades a los patrones para despedir personal, al limitar el pago de salarios caídos a sólo un año, independientemente de lo que dure el juicio laboral.
De ser aprobada la iniciativa priista, el patrón podría realizar despidos sin tener que avisarle al empleado, pues bastaría con que lo notificara a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
No toca en absoluto la vida interna de los sindicatos, los cuales seguirán en manos de los dirigentes de siempre, sin que rindan cuentas a sus agremiados.
Tampoco propone modificar el actual esquema de justicia laboral, basado en el funcionamiento de las juntas locales de conciliación y arbitraje, que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal.
En la Cámara de Diputados hay aproximadamente 300 iniciativas de reforma laboral presentadas.
Lo ideal sería que la subcomisión creada ayer estudiara todas esas propuestas y de ellas elaborara una reforma laboral de fondo que fuera un parteaguas.
Sin embargo, la consigna es aprobar una mini reforma a partir de la iniciativa del PRI presentada recientemente, o que las cosas se queden como están, lo cual también conviene al corporativismo priista.
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