A los trabajadores del campo y la ciudad, a las mujeres, a los jóvenes, a los desempleados, a las víctimas de la violencia e inseguridad, que laceran a nuestra nación y en general a todos los excluidos por las políticas económicas y sociales vigentes, que constituyen el cada día más amplio sector de los indignados mexicanos, a participar en “La Jornada Nacional de Protesta y Lucha” que se realizará el 1º de septiembre del 2011, en la Ciudad de México y en las principales localidades de nuestro país, en virtud de las siguientes consideraciones:
1. Los ejes de la Jornada Nacional de Protesta y Lucha son: Exigimos la aprobación de un presupuesto con
sentido social; rechazamos las disposiciones autoritarias contenidas en el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, en la Contra-Reforma-Laboral que impulsan el PRI y el PAN y en algunos artículos de la minuta del Senado referentes a la Reforma Política; demandamos la solución, con apego pleno a los derechos de los trabajadores, de los conflictos sociales hasta hoy sin solución, y finalmente, demandamos el establecimiento inmediato de una mesa de diálogo con el Poder Legislativo en la que plantearemos nuestras propuestas para la transformación y democratización del régimen económico, político y social de nuestro país.2. La crisis económico - financiera global, cuyo origen más cercano es la crisis financiera y la recesión de 2007 y 2008, agudiza los efectos negativos sobre los trabajadores y la población en general. La mayor parte de los gobiernos ha reaccionado ante dicha crisis con las mismas políticas de corte neoliberal que implican recortes al conjunto de los programas sociales, la introducción de esquemas de flexibilidad laboral a ultranza, la contracción del gasto público y la nula regulación de los mercados, lo que ha dado lugar a manifestaciones de inconformidad en regiones como Medio Oriente y en diversos países como Grecia, España, Francia, Portugal, Gran Bretaña y Chile, además de generar las condiciones de una nueva recesión que se podría conjugar con la carestía mundial de alimentos.
3. En México, además de los efectos de la crisis global, se padecen los resultados de una crisis nacional no superada, que se reflejan en las cifras recientemente reveladas sobre el incremento de la pobreza (cerca de 57 millones de mexicanos padecen algún tipo de pobreza alimentaria), además de los estragos de una política desastrosa de combate al crimen organizado y las repercusiones de una ofensiva constante en contra de las organizaciones sociales independientes que luchan por sus derechos, entre ellas destacan los conflictos de los electricistas, los mineros y los trabajadores de Mexicana de Aviación, aunque sin duda dicha ofensiva involucra y afecta a muchos otros sectores.
4. El creciente número de víctimas de la violencia generada por la estrategia seguida por el gobierno para combatir al crimen organizado (cerca de 50 mil muertos hasta el momento), y los incontables reportes de violaciones a los Derechos Humanos de la población, han dado lugar al surgimiento de diversas iniciativas ciudadanas que reclaman justicia e impulsan un cambio de fondo en la estrategia para resolver el flagelo de la inseguridad. Tales son casos de la campaña “No más Sangre” del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y del proyecto alternativo presentado recientemente por el Rector de nuestra máxima casa de estudios (UNAM) en materia de seguridad pública. Todos estos esfuerzos se enfrentan -lamentablemente-, con la cerrazón de un Gobierno Federal que simula diálogo pero que al final de cuentas mantiene inalterados sus principales proyectos y estrategias.
5. La ofensiva en contra de las organizaciones sociales independientes están entrando en una nueva etapa con la liberación de más órdenes de aprensión en contra de los dirigentes del SME, que mantiene un plantón frente al Zócalo de la Ciudad de México y con la posible declaración de quiebra en Mexicana de Aviación. Con estas acciones el Gobierno Federal busca intimidar y descabezar a uno de los sindicatos más combativos ante sus políticas neoliberales y ratifica, además, su decisión de proteger a todo costa a sus aliados empresariales. Mientras tanto las huelgas mineras permanecen sin solución y se sigue regateando el reconocimiento legal a la dirigencia del Sindicato Minero.
6. La ofensiva gubernamental en contra de las organizaciones sociales y ciudadanas, pretende generar las condiciones para imponer -con la menor resistencia posible- una serie de reformas autoritarias que afirmarían la permanencia y profundización de la estrategia económica y social hasta hoy vigente; entre ellas la Contra-Reforma Laboral promovida por el PAN y un sector del PRI y la propuesta de Ley de Seguridad Nacional, aunque algunas disposiciones afines a esta tendencia, como la iniciativa preferente o el derecho al veto presidencial del presupuesto aprobado por la Cámara, están contenidas en la minuta del senado referente a la Reforma Política.
7. Advertimos que el proyecto de Ley de Seguridad Nacional que se intenta aprobar en la Cámara de Diputados incluye normas que permitirían al Ejecutivo establecer -de facto- un Estado de excepción al contar amplias facultades para decretar la suspensión del Estado de Derecho en algunas regiones del país o para proceder en contra de los movimientos sociales considerándolos amenazas a la seguridad interna.
8. La Contra-Reforma Laboral atenta contra la libertad y la democracia sindicales e introduce obstáculos adicionales a la organización de nuevos sindicatos y al estallamiento de huelgas, además de propiciar la generalización de empleos mal pagados, inestables y carentes de derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y los jóvenes.
9. La iniciativa preferente y el derecho al veto presidencial del presupuesto, aprobado por la Cámara de Diputados, completarían el círculo perverso al fortalecer el Poder del Ejecutivo a expensas del Poder Legislativo, cuya agenda sería determinada por aquel y cuyo margen de maniobra para introducir cambios a los proyectos gubernamentales se vería severamente reducida.
El Gobierno Federal ha presionado con todos los recursos a su alcance, para que estas reformas autoritarias se aprueben durante el periodo ordinario del Congreso. Es por ello que nuestro Movimiento hace un llamamiento a todos los movimientos, redes, colectivos y organizaciones sociales para actuar en consecuencia. Están en juego nuestros derechos colectivos e individuales, está en juego el futuro de nuestro país, asuntos que no deben decidirse tan sólo en función de los vaivenes y coyunturas electorales.
El Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, viene planteando la necesidad de un cambio de fondo para alcanzar la democracia, el desarrollo sustentable así como la erradicación del corporativismo por medio de la modernización y democratización del mundo del trabajo.
A pesar del amplio y generalizado rechazo al modelo socioeconómico aplicado en las últimas décadas y al desempeño político del Gobierno Federal, los principales lineamientos de sus políticas han permanecido sin cambios, en parte por la dispersión de los distintos esfuerzos sociales por transformarlos. Por lo que es imprescindible la construcción de un gran acuerdo, de un polo social y democrático para derrotar las reformas autoritarias e iniciar los cambios que son necesarios, posibles y urgentes de cara a la recesión y la nueva fase de la crisis global.
Para construir un modelo de desarrollo incluyente se necesita de un conjunto de reformas opuestas a las recetas neoliberales que se retroalimentan y que son interdependientes como:
a) La transformación del régimen político; b) El cambio de rumbo de la política económica; c) Una nueva política social; d) Reactivación y rescate del campo; e) Una política exterior independiente.
El eje orientador de todas estas reformas será la garantía de integralidad de los Derechos Humanos para todas las personas, lo que implica apego a la democracia y a la inclusión social.
Para lograr el cambio, demandamos como punto de partida, la solución de los conflictos sociales pendientes, en especial los que afectan a los electricistas, mineros y a los trabajadores de Mexicana de Aviación, el establecimiento de una mesa de diálogo con el Poder Legislativo y la elaboración de un presupuesto del Sector Público que genere un desarrollo económico, social, sostenible y sustentable, en cuyo diseño y aplicación se incluya la fiscalización y la participación de las organizaciones sociales y ciudadanas.
Entre otras reivindicaciones inmediatas planteamos las siguientes:
· Impulsar un presupuesto con sentido social; penalizar los subejercicios y desviaciones de los recursos de los programas sociales, ejercicio oportuno y transparente de los mismos. Establecer mecanismos de fiscalización y supervisión social.
· Promover políticas de fomento al desarrollo agropecuario e industrial que alienten la creación de empleos y la reactivación del mercado interno. Establecer un plan de rescate del campo mexicano y defender la propiedad social.
· Renegociación del TLCAN.
· Garantizar el derecho a la alimentación de todos los mexicanos a partir de un presupuesto suficiente, con una estructura distinta del Programa Especial Concurrente (PEC) que integre todos los programas para la producción de alimentos básicos. El PEC deberá contar con mecanismos de fiscalización social y reglas de operación que prevengan y penalicen los sub-ejercicios permitiendo un manejo transparente y eficaz de los recursos así como su aplicación equitativa, priorizando a los pequeños y medianos productores.
· Control de precios de los productos que integran la canasta básica, aumento salarial de emergencia, fin a la escalada de precios y tarifas del Sector Público, Tarifa social de energía eléctrica, No al IVA en medicinas, alimentos y libros.
· Incrementar progresivamente el presupuesto destinado a la Educación Pública en todos sus niveles hasta alcanzar el 8% del PIB; promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico buscando que los recursos destinados se incrementen gradualmente hasta alcanzar el 1% del PIB; no a la Reforma Educativa neoliberal ni al lucro a expensas de la Educación Pública.
· Cumplimiento del compromiso para revisar y modificar la Ley del ISSSTE recuperando y mejorando los servicios médicos y asistenciales, auditoria de los fondos del instituto, por un sistema de Salud y Seguridad Social solidario de cobertura universal.
· Promover la construcción de viviendas de Interés Social por medio de la articulación de los distintos programas establecidos para este propósito y de la asignación de las partidas presupuestales necesarias.
· Cambiar de fondo la estrategia de combate al crimen organizado que garantice la atención integral de todos los factores que inciden en este problema y que posibilite el regreso ordenado y gradual del Ejército y la Marina a sus cuarteles; castigo a los responsables por los feminicidios y asesinatos de los y las luchadoras sociales, no más impunidad, ni violación de los Derechos Humanos de la ciudadanía; No a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que criminaliza la protesta social.
· Democratizar y modernizar el mundo del trabajo erradicando el corporativismo, no a la Contra-Reforma Laboral.
· Solucionar las huelgas mineras y el conflicto creado por la inconstitucional disolución de LFC; no a la declaración de quiebra en Mexicana de Aviación; cancelación de las órdenes de aprensión en contra de los dirigentes del SME y el Sindicato Minero.
· Libertad a presos políticos del SME y el MOCRI-CNPA-MN, particularmente del compañero Francisco Jiménez Pablo y los 44 presos de Chiapas.
· Impulsar el desarrollo del Sector Energético Nacional; nuevo Régimen Fiscal para PEMEX, programa para la construcción de refinerías y plantas de generación hidroeléctricas, cancelación de los Contratos de Riesgo, constitución de un organismo público descentralizado que provea de energía a la zona central del país, y desarrollo de fuentes de energía alternativas como la eólica, la solar o la nuclear.
Llamamos a todas las organizaciones, federaciones, coordinadoras, redes, sindicatos, asociaciones y quienes aun no están organizados a iniciar un proceso de convergencia para construir un polo social y democrático capaz de transformar el régimen económico, político y social de nuestra nación, hacia uno nuevo, modelo de desarrollo sustentable e incluyente, con equidad, justicia, y profundamente democrático.
Dentro de esta estrategia, este 1º de septiembre, a las 16:00 horas, desarrollaremos una concentración frente al recinto de la Cámara de Diputados, para posteriormente marchar al Zócalo de la Ciudad de México para expresar nuestro respaldo a las acciones que realizan nuestros compañeros del SME y de diversas organizaciones sociales. Simultáneamente en el interior de la República se efectuarán mítines frente a las sedes de las Legislaturas Estatales y en las principales plazas públicas.
Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.
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