El Congreso recibió ayer a cuatro secretarios de Estado para cuestionarlos sobre la industria minera; dieron explicaciones durante cinco horas.
En una comparecencia, poco usual, cuatro secretarios de Estado y dos directores generales del gabinete del presidente Felipe Calderón comparecieron ante la Comisión Permanente del Congreso para revisar la situación de la industria minera, a partir de la explosión, el 3 de mayo pasado, en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila.
Una prolongada comparecencia de casi cinco horas, entre roces, que en la ronda de preguntas y respuestas se orientaría a Javier Lozano, titular del Trabajo.
La tensión en el recinto propició que se olvidara al inicio la toma de protesta de conducirse con verdad, que debían rendir los miembros del gabinete antes de sus respectivas exposiciones.
Pero cumplido el protocolo constitucional, los funcionarios dispusieron de 15 minutos para plantear su visión del siniestro en Coahuila y formular algunas propuestas con miras al futuro de la industria minera.
De las intervenciones de los funcionarios destacó la del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por la profusión de su exposición y sus apreciaciones sobre el quehacer y responsabilidad del Legislativo sobre el tema, lo que despertó la arremetida contra su desempeño por parte de legisladores priistas, perredistas y petistas.
De esa forma, el propósito central planteado para la comparecencia se desvirtuó.
El diputado y vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna —días atrás anunció que el tricolor desconocía a Lozano Alarcón como interlocutor válido del gobierno federal— aplicó la ley del hielo.
El priista formuló diversos cuestionamientos al secretario del Trabajo: de acusar a los funcionarios de “echarse la bolita unos a otros” y de demandar al final “entrémosle en serio”.
La respuesta del secretario
Más adelante, Lozano Alarcón le respondería, con datos en mano, que la secretaría a su cargo ha ejercido sus facultades hasta donde el límite de la normatividad se lo ha permitido, para luego formular un exhorto al Legislativo a cumplir con su parte en la revisión, actualización y enriquecimiento de la normatividad.
Al advertir que Penchyna Grub conversaba con legisladores cercanos a él para no prestar atención a las respuestas del secretario, éste de plano le espetó: “Ya sé que las cortó conmigo y no me va a hacer caso”.
En su oportunidad, la diputada priista Marcela Guerra Castillo respondió el exhorto del secretario del Trabajo a los legisladores para revisar, actualizar y enriquecer la normatividad en la materia, en lugar de vigilar a los funcionarios del gabinete, le reconvino.
“Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados fiscalizar y evaluar el desempeño de los funcionarios del gobierno federal, por eso queda sin materia su aseveración de decir que los diputados no debemos estar ni fiscalizando ni evaluando el desempeño de los funcionarios.”
Desde la bancada del Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo cuestionó la postura del gobierno al pretender entregar a la iniciativa privada funciones inherentes al papel rector del Estado.
En la exposición como en las respuestas ofrecidas por los restantes miembros del gabinete que comparecieron ayer —Bruno Ferrari, de Economía, José Antonio Meade, de Energía; Rafael Elvira Quezada, del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Antonio Vivanco, director de la CFE, y Daniel Karma, director del IMSS— predominó el tono conciliador y un sentido colaboracionista.
No obstante, para ellos hubo críticas, como el del diputado Gerardo Florez Ramírez, del Partido Verde al titular de Energía y al director de CFE.
“Para nosotros este es un tema de preocupación, porque las plantas generadoras de electricidad a partir de carbón son de las más contaminantes, las que más arrojan gases de efecto invernadero.”
Los riesgos
Javier Lozano, secretario del Trabajo reconoció que la minería es una actividad de muy alto riesgo.
Sin embargo, acotó, que es en la industria de la construcción es donde se registran los más altos índices de mortalidad.
Javier Lozano destacó, por otra parte, que muy a pesar del crecimiento en la actividad minera, las enfermedades y accidentes de trabajo han registrado una tendencia a la baja en los últimos años.No obstante, Lozano Alarcón destacó las restricciones de carácter cuantitativo y cualitativo en el sector laboral para intensificar y mejorar la calidad de las visitas de inspección al referirse al déficit de mil 395 inspectores y la necesidad de elevar el requisito mínimo de secundaria a bachillerato para los aspirantes a ocupar dichos puestos, lo mismo que revisar el nivel salarial.
De igual forma propuso incorporar modificaciones para facultar a la secretaría a clausurar, desde una primera visita, los centros de trabajo que ofrezcan riesgos graves e inminentes.
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