Hueca como buena parte de las propuestas electorales del Partido Revolucionario Institucional, la promesa de bajar las tarifas eléctricas en el país implicaría en los hechos un verdadero análisis y debate nacionales sobre la situación que guarda en su conjunto la industria eléctrica en el país, ya que la medida no sería viable únicamente fomentando la inversión privada en Pemex para generar más energía a través del combustóleo, como lo planteó el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado [con licencia] Luis Videgaray.
El filón electoral que representan en todo el país los millones de usuarios inconformes con los altos cobros en sus recibos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es por demás apetecible, y atraer su intención del voto con la promesa de cobrarles menos se explica por sí misma. El problema es que el mecanismo planteado por los priístas no resuelve de fondo no sólo el problema de las altas tarifas, sino que deja intocables a las empresas trasnacionales que se han adueñado de la generación de energía en el país y que son las principales responsables de un multimillonario quebranto a las finanzas públicas.
En una mesa de opinión posterior al debate organizada por una conocida televisora, el panista Roberto Gil Zuarth se opuso abiertamente al planteamiento de Videgaray, al que calificó como inviable, pues en su opinión bajar las tarifas representaría aumentar los subsidios. Otra falacia más del binomio Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Acción Nacional (PAN), que de común acuerdo ha permitido desde 1992 el desmantelamiento de la industria eléctrica nacional, año en que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, abriendo las puertas de una gradual privatización del sector mediante la creación de figuras como los productores independientes y la cogeneración.
Los panistas han culminado con el exterminio de la infraestructura eléctrica en el país, propiedad de todos los mexicanos, pues en tan sólo dos sexenios autorizaron –a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica– un total de 772 permisos a poderosas trasnacionales (como Iberdrola, Unión Fenosa, Intergen, Mitsubishi y AES, entre las más importantes) para controlar el 50 por ciento de la generación de energía eléctrica en el país.
Y en efecto, bajo la miope y antinacionalista óptica del PAN, bajar las tarifas requeriría de mayores subsidios por la simple razón de que ellos hipotecaron ya a los millones de usuarios del país, al haber aceptado desventajosos contratos con las trasnacionales nada menos que para comprarles su energía a precios muy por encima de su valor real y de manera obligatoria por los próximos 25 años. Bajo su esquema, reducir las tarifas implicaría subsidiar la energía que ellos mismos están comprando a desorbitados sobreprecios.
Panistas y priístas se guardan bien de decir a los mexicanos que tan sólo en los últimos 10 años se han pagado más de 300 mil millones de pesos a las empresas extranjeras por la compra de una energía que bien pudiera haberse generado con nuestra propia infraestructura [de la CFE] a cotos más bajos. Los compromisos adquiridos por los panistas, y avalados por el PRI, costarán al país en las próximas dos décadas nada menos que 1.6 billones de pesos.
Claro está que quienes terminarán pagando los costos de tan absurda y entreguista política energética serán los usuarios, a quienes el PRI intenta engañar nuevamente bajo el falso argumento de que es necesario fomentar la inversión privada en Pemex, para que la empresa produzca más combustóleo y éste a su vez energía eléctrica. Una excusa absurda para aniquilar a uno de los últimos bastiones de nuestra soberanía económica y aniquilarla como sucedió con Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009.
Pero hay otras millonarias fugas de recursos que terminan pagando los usuarios tanto de la zona del centro como del resto del país; por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón dijo hasta el cansancio que con el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se mejoraría el servicio, se ahorrarían 40 mil millones de pesos anuales y se reducirían las tarifas.
A casi tres años del ilegal decreto de extinción del 11 de octubre de 2009, ninguna de las tres premisas se ha cumplido, porque además de que la medida no tuvo ni pies ni cabeza se dejaron las manos libres a los corruptos funcionarios de la CFE, que como Néstor Moreno Díaz desaparecieron de la noche a la mañana inventarios con valor de 2 mil 582 millones de pesos, con los que la extinta empresa contaba en 2009, según quedó establecido en la minuta de su Junta de Gobierno elaborada en agosto de ese año. Ni el Servicio de Administración de Bienes ni alguna autoridad han informado qué ocurrió con tales recursos, propiedad de la nación.
Moreno Díaz, el exdirector operativo hoy preso, también entregó sin licitación alguna la materia de trabajo –que antes desempeñaban los trabajadores del SME en la zona centro del país– a empresas contratistas, con las consecuencias por todos conocidas: pésima prestación del servicio e innumerables fallas. Hasta la fecha, la CFE ha pagado a las irresponsables firmas más de 10 mil millones de pesos, cantidad que sumada a los 12 mil millones de pesos a que ascendió el finiquito de los 28 mil electricistas que decidieron liquidarse, hace un total de 22 mil millones de pesos.
Además de los altos costos enumerados, hay otros a los que la CFE rehúye enfrentar, como son las millonarias pérdidas que por las reiteradas fallas han tenido miles de comercios, industrias y hogares en la zona centro del país, y también el alto costo de vidas humanas por los crímenes industriales consentidos por la CFE y el charro cetemista Víctor Fuentes del Villar, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, al no exigir a las empresas contratistas que brinden la capacitación necesaria y los equipos de seguridad mínimos al personal que contratan; humildes trabajadores que por sueldos de hambre han sido enviados a una muerte segura, sin el menor de los escrúpulos, a manejar redes de alta tensión. Eso sí, Fuentes del Villar cobra a los contratistas el 2 por ciento del valor de sus contratos por permitirles desplazar la mano de obra de sus propios agremiados.
Por eso, cuando se habla de reducir las tarifas eléctricas, debe ponerse sobre la mesa de las realidades nacionales el panorama actual que guarda el sector en su conjunto. Y debe lucharse por recobrar la aplicación exacta de lo contenido en los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución, para que se opere lo que hemos calificado como una “renacionalización” de nuestra industria eléctrica que nos permita el manejo libre y soberano de nuestros recursos energéticos como puntales de nuestro desarrollo económico.
Las posturas demagógicas y electoreras de panistas y priístas, distan mucho de ser parte de un proyecto de país nacionalista que cierre las puertas al desmedido saqueo de las trasnacionales y recobre el bienestar social para la mayoría de los mexicanos.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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