El caso del falso hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que fue detenido y presentado como tal a la prensa el jueves y un día después se supo que era otra persona, es un ejemplo del peligro de exhibir a los detenidos sin haber sido juzgados, dijeron a Efe expertos en derechos humanos e información.
"Es paradigmático porque estamos frente a la posibilidad de que se haya exhibido, con afirmaciones sobre filiación paterna e involucración de delitos, a dos jóvenes que es probable que nada tengan que ver y por ello es un ejemplo de los riesgos que se pueden correr", dijo hoy a Efe el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón.
El pasado jueves, la Secretaría de Marina detuvo por la mañana a dos jóvenes en el municipio de Zapopan (Jalisco), a quienes se les encontraron armas, dinero e identificaciones falsas.
Apenas unas horas después fueron presentados en la capital mexicana con una gran espectación mediática, pues presuntamente habían detenido a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante más buscado del mundo, quien presuntamente se dedicaba a administrar los bienes del que también es uno de los hombres más ricos del país.
Todo un gran éxito para la política anticrimen del presidente Felipe Calderón, especialmente faltando tan pocos días para las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.
Pero tan solo un día después, los medios empezaron a hacerse eco del rumor de que el detenido no era hijo de "El Chapo", sino hermano del otro detenido, Kevin Daniel Beltrán Ríos.
Primero apareció su madre en una conferencia de prensa diciendo que el presunto hijo del narcotraficante no era tal, sino que los detenidos eran su hijo y el medio hermano de este.
Y después fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), país en el que el verdadero hijo de "El Chapo" tiene cuentas pendientes con la Ley, y la propia fiscalía mexicana quienes confirmaron que había sido un error de identificación.
"Se exhiben como 'probables responsables', pero exhibirlos así es un mecanismo que vulnera la presunción de inocencia y genera condiciones para que haya juicios paralelos de orden mediático", explicó Patrón.
La CDHDF presentó hace unos meses a la Procuraduría de Justicia capitalina una petición para que dejaran de exhibir a los detenidos ante los medios de comunicación, petición que fue rechazada, ante lo cual se presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, pendiente de resolución.
"En esta etapa de investigación de los delitos resulta violatorio de derechos humanos que se exhiba a las personas", dijo Patrón y añadió que la exhibición de personas ante los medios de comunicación genera condiciones para juicios paralelos.
"Vemos que ya son sometidos a una condena social y las consecuencias son traumáticas: no pueden conseguir empleo, sus hijos son expulsados de las escuelas, sus negocios se van a pique, no pueden recibir créditos bancarios...", expuso el visitador.
En su informe, la CDHDF documentó 21 casos de personas exhibidas ante medios de comunicación y liberadas con posterioridad.
En opinión del organismo, aunque la sociedad tiene derecho a estar informada, la política de información no puede pasar por alto los derechos de las personas. "La política de información no puede basarse en las detenciones, en todo caso tendría que basarse en las condenas", dijo Patrón, quien está convencido de que el problema es de las autoridades, no de los medios.
Pero para Ernesto López Portillo, periodista de investigación y miembro del Instituto de Justicia Procesal
Penal, los medios también son en parte responsables de la situación.
"Los periodistas como ejecutores mediáticos nos encargamos de liberar la cuchilla mediática sobre la cabeza de miles de ciudadanos presentados cada año en México por las autoridades, y lo hacemos de una manera complaciente y empática con el papel denigrante que se nos ha confinado", dijo.
En su opinión, históricamente los medios han sido "apéndices del sistema judicial y la Policía".
En un país en el que el 99 % de los delitos denunciados quedan impunes, las autoridades "son incapaces de prevenir y sancionar el delito" y por ello "utilizan a los medios y periodistas para que la justicia penal se dirima en el espacio mediático", apuntó López Portillo.
Aunque la Constitución garantiza a los ciudadanos que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, cada día llegan a las redacciones de los medios de comunicación reportes policiales con fotografías de presuntos ladrones, violadores o narcotraficantes.
Y esto, según los expertos, es violar los derechos de presunción de inocencia y de personalidad, además de otros como la imagen, la dignidad, la no discriminación, la intimidad o el honor, todos ellos incluidos en la Carta Magna.
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