Antes de presentar la denuncia contra Marcelo Ebrard, diputados panitas ya habían solicitado a la Contraloría investigar a funcionarios que a su parecer han solapado actos vandálicos de electricistas.
Los disturbios del pasado 11 de abril, en que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quemaron automóviles y chocaron con granaderos, ha provocado la confrontación de las bancadas de PAN y PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Y las posturas más antagónicas se dieron la víspera con la denuncia contra el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, que presentó la bancada de Acción Nacional (PAN) ante la Contraloría General capitalina por tolerar la comisión de delitos de parte de los electricistas.
Mariana Gómez del Campo, líder de bancada, junto con Fernando Rodríguez Doval y Rafael Calderón Jiménez pidieron indagar posibles faltas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte del Ejecutivo capitalino y otros funcionarios. A su parecer, Ebrard comete el delito de negación del servicio público.
Y anunciaron que en próximos días acudirán ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que investigue el probable desvío de recursos públicos a favor del SME.
Así como, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para interponer una queja por la violación al libre tránsito que ha afectado a miles de capitalinos.
En respuesta a el recurso legal interpuesto, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea y líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, defendió la actuación del mandatario capitalino y consideró que ésta es una demanda con “un objetivo mediático".
“El gobierno está actuando de forma responsable. Hay gente que ha sido procesada, detenida incluso por esta actuación y eso hay que reiterarlo”,enfatizó . El mismo 11 de abril 11 personas fueron detenidas por las agresiones.
A su parecer, el partido blanquiazul no es el “más autorizado” para hablar sobre cómo contener la violencia.
Aquél lunes 11 de abril, Obdulio Ávila, líder del PAN en el DF exigió a las autoridades locales realizar una investigación a fondo sobre los hechos ocurridos frente a la sede de la extinta Luz y Fuerza del Centro (hoy CFE), en Melchor Ocampo y Marina Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo.
Reiteró la petición del PAN en la ALDF para reglamentar las marchas en la capital mexicana, un mes después de que la perredista Barrales Magdaleno señalara que eso nos es facultad de la Asambleas sino del ámbito federal.
Un día después de los disturbios cometidos por el SME, la PGJDF imputó lesiones en pandilla y resistencia a los 11 detenidos.
Horas más tarde, y contradictoriamente a las actuales demandas, el propio Obdulio Ávila aplaudió la actuación del jefe de gobierno ante los disturbios del SME.
“Creemos que la decisión del jefe de Gobierno de no permitir manifestaciones violentas como las del SME debe tener el respaldo de todos los sectores sociales y organizaciones políticas”, señaló en su momento el líder panista.
Ese mismo 12 de abril, los diputados panitas encabezados por Gómez del Campo acusaron a Ebrard Casaubon de financiar el movimiento del SME. Los legisladores de Acción Nacional descalificaron la actuación del gobierno y autoridades capitalinas al solapar las manifestaciones.
"Es clarísimo que el jefe de gobierno está apapachando el movimiento del SME, (…) vamos a pedir que se investigue el financiamiento del movimiento, porque es muy difícil que después de 18 meses pueda seguir subsistiendo", precisó en su momento Gómez del Campo.
El lunes 18 de abril, la bancada albiazul presentó un punto de acuerdo en el que exigió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) sustanciar los procedimientos contra los integrantes del SME capturados por incendiar autos.
Así como, a las Procuraduría y Contraloría investigar y sancionar a funcionarios del DF que hayan solapado a los actos vandálicos de miembros del SME.
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