La Secretaría de la Función Pública sancionó a la empresa de transportes blindados Tameme por negarse a devolver más de 330 millones de pesos de la última nómina de la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro.
La SFP la inhabilitó por cinco años para obtener contratos del Gobierno federal y la multó con un millón 664 mil pesos.
El castigo, impuesto el 20 de mayo, deriva de "la omisión, por parte del proveedor, de devolver los recursos públicos que pertenecen a LFC, a pesar de instrucciones expresas".
En noviembre de 2009, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador de LFC, hizo el primer requerimiento y, ante la falta de respuesta, presentó una denuncia penal ante la PGR el 23 de junio de 2010.
En agosto, Tameme demandó al Gobierno por 67.1 millones de pesos por daños y perjuicios, y un juez desechó el recurso.
Finalmente, la empresa aceptó que tenía 214.1 millones de pesos "bajo resguardo" y aseguró que pagó 101 millones antes de la extinción de la compañía.
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