Acusa corrupción en el SUTERM

Ex trabajador denuncia al dirigente Esteban Reyes pero su caso sigue sin resolverse desde hace más de 2 años

Edmundo Ramírez Yeladaki acusó que existe un encubrimiento a favor del dirigente de la sección 34 del Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana (SUTERM), ya que hasta el momento la demanda laboral que presentó contra el dirigente Esteban Reyes Hernández por corrupción e irregularidades, no ha procedido.

Ramírez, quien ingresó a laborar en 1996, luego de la jubilación de su madre en la CFE, es el quejoso. Él mantiene la querella a pesar que desde noviembre de 2010 dejó de laborar voluntariamente, luego de haber sufrido una agresión física de parte de sus ex compañeros.

Reveló que el pasado jueves 1 de marzo, compareció ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Orizaba, donde personal de la mesa 54, le anunció que difería la audencia hasta el día 26, lo que para él significa que existe encubrimiento.

Explicó que todo el conflicto surgió en 2008, cuando Reyes Hernández buscaba la reelección de la dirigencia sindical y él también aspiraba a ocupar ese puesto.

Añadió que en ese entonces, en plena etapa proselitista él detectó la irregularidad de que la dirigencia sindical permitía que ingresaran a laborar tres hermanos, a pesar de que no tenían familiares que pudieran haberles heredado la plaza.

Acusó que después de haberse reelegido Reyes, empieza acciones contra Ramírez Yeladaki. “A los tres o cuatro meses empieza el hostigamiento laboral, levantándome falsos”, como que estaba a punto de atropellar a un compañero, a quien no le mostró su licencia de manejo y en respuesta lo acusó de no tener cinturón de seguridad “cosa que fue mentira”, afirma el inconforme.

De ahí me levantaron una acta administrativa -comentó- y fui suspendido aproximadamente por ocho días, en el 2009.

El quejoso señaló que descubrió otras irregularidades, que derivaron en que dos trabajadores lo golpearon, por lo que él los denunció penalmente ante el Ministerio Público Sur, con lo que se inició la investigación ministerial 1272/2010 y hasta ahora no ha prosperado.