Sólo la concepción patrimonialista del poder, pero sobre todo la insolencia de creer que los mexicanos son estúpidos, explica que el priista Enrique Peña Nieto ofrezca como novedad lo que la Constitución consagra como derechos para los mexicanos y obligaciones para los gobernantes.
El Manifiesto para una Presidencia democrática, el decálogo que Peña Nieto afirma que contiene los “principios políticos” a los que se apegará si es electo presidente de la República, es una manipulación por hacer creer que con él los mexicanos tendrán las libertades que la Constitución consagra hace casi dos siglos.
Y hay algo más grave: Si Peña Nieto dice que ese “manifiesto” es su respuesta a la movilización de los jóvenes en su contra, rubricada como #YoSoy132, entonces no ha entendido que éstos se han levantado precisamente contra esa visión patrimonialista, falaz e insolente del poder de la que él se ufana –como en la Universidad Iberoamericana– y que su documento ratifica.
El decálogo de Peña Nieto es, también, la aceptación involuntaria de su ignorancia sobre la Constitución, aun cuando se graduó de abogado en la Universidad Panamericana –que quizá por eso no quiere visitar– y, si él no es el autor del documento, entonces la confesión es que tiene más asesores que ideas.
Por eso, si el silencio obsecuente sobre este montaje prevalece entre un sector como cuando lo presentó –el lunes 21– ante “intelectuales” de la talla de Claudio X. González, Fernando Gómez Mont, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, y aun es elogiado por personajes como Emilio Álvarez Icaza, no pueda haber una conducta análoga de quienes conocen mínimamente la Constitución y la historia de México.
Pero cuáles son los diez “principios políticos” que Peña Nieto presenta como oferta de campaña: 1) Libertad de manifestación, 2) Libertad de expresión, 3) Relación con los medios, 4) Derechos humanos, 5) Libertad religiosa, 6) No discriminación, 7) División de poderes, 8) Elecciones libres, 9) Transparencia y rendición de cuentas y 10) Federalismo y transparencia.
Salvo el punto 3), los otros nueve planteamientos presentados como novedad están contemplados en la Constitución: El punto 1) en el artículo 9 y el 2) en los artículos 6 y 7, y hace apenas un año, en junio de 2011, se aprobó una reforma constitucional para reconocer expresamente los derechos humanos.
El punto 5) de la oferta de Peña Nieto se refiere a la libertad religiosa, que ya consagra la Constitución en el artículo 24 y la separación del Estado y las iglesias lo garantiza el 130, y el punto 6), que se refiere a la no discriminación, está garantizado en el mismísimo artículo 1º constitucional.
En cuando a la división de poderes, que ofrece el punto 7) del Manifiesto de Peña Nieto, está previsto en el artículo 49 y las competencias de cada poder se detallan en los artículos siguientes.
Prueba de que Peña Nieto y sus asesores no conocen la Constitución es cuando ofrece elecciones libres, que la Constitución garantiza en el artículo 41, y la transparencia y rendición de cuentas, ofrecidas en el punto 9), están garantizadas en el artículo 6, y el federalismo en el 115.
Hay quienes alegan, aun de buena fe, que es positivo que Peña Nieto se comprometa a respetar estos artículos constitucionales, algunos de ellos letra muerta, pero aceptarlo es convalidar este insolente montaje.
Lo único novedoso en el Manifiesto es el punto 3), en el que Peña Nieto ofrece una relación democrática con los medios y ofrece una reforma constitucional para crear un organismo ciudadano que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
Es una burla: Aunque sería positivo un organismo así, lo procedente es que primero exhiba los contratos que como gobernador del Estado de México firmó con Televisa y todos los medios, así como los montos que cobraron las actrices Lucero y Angélica Rivera –su actual mujer– por aparecer en los promocionales, aun si fue de gratis.
Cabe la pregunta: ¿Quién le cree a Peña Nieto? Exacto, yo tampoco…
Apuntes
Este lunes 28 se cumplió un mes del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, donde cuatro días después fueron abatidos otros tres periodistas, sin que el gobernador Javier Duarte –el más apreciado de los gobernadores priistas por Peña Nieto, por servil y cómplice– haya hecho algo relevante no sólo para esclarecer los crímenes, sino para impedir otros. El sábado 26 fue asesinado José Luis Blanco Rosas, investigador y catedrático de la Universidad Veracruzana. Amigo de Regina Martínez, Blanco Rosas, de 51 años de edad, fue hallado muerto el sábado 26, en el interior de su vivienda en la calle Altamirano, en pleno centro de Xalapa. José Julián González Osorno escribió, desde la indignación, un texto que se reproduce en la página web de Proceso y del que reproduzco un fragmento: “¿Qué oscuro espanto se pasea por Xalapa? ¿Qué horror carcome el alma de Veracruz? ¿Qué infinita crueldad siembra muertes y muertes en el corazón de nuestro país? Escribo esto porque no podemos callar. Porque, José Luis, no te habrías quedado callado nunca si un amigo nuestro hubiera sido asesinado. Porque sabíamos, querido José Luis, que un amigo caído es la merma de uno mismo, es ir haciéndose cada vez más y más pequeños, más y más pobres…”
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