Han pasado dos años de que Luz y Fuerza del Centro (LyFC) cerró sus puertas y con ello se extinguió el empleo de 44 mil afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ocho mil de ellos eran poblanos. Unos 600 pertenecían a la División de Nuevo Necaxa y el resto trabajaban en el estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal pero su familia vivía en municipios como Juan Galindo, Chiconcuautla, Tlaola, Huachinango y Ahuazotepec.
A las familias de los electricistas les sonreía la buena fortuna, había para “comer bien y para pasear, ahora apenas si tenemos para lo más básico”, dice quien María Ortíz, quien ahora vende tamales para sobrevivir, mientras su esposo, Luis Sánchez, continúa en la resistencia del SME.
La bonanza de las comunidades de electricistas se reflejaba en el poder adquisitivo de las familias, pues el salario de un electricista oscilaba en 20 mil pesos mensuales.
Ahora hasta las tiendas han cerrado en el municipio de Juan Galindo, el cual se ha convertido en un pueblo fantasma. Ahí se encuentra la hidroeléctrica de Necaxa, inaugurada en 1905, la más antigua de América Latina.
Afuera de la hidroeléctrica continúan un grupo de disidentes, quienes se niegan a ser llamados ex electricistas, “seremos electricistas hasta que muéranos”, dijo Saúl, mientras bebé café y come una torta que le llevó su hija Esther.
“Nuestros hijos tuvieron que dejar la universidad y regresarse a trabajar en lo que fuera. Algunos estaban estudiando ingenierías para ser buenos electricistas y quedarse con nuestras plazas cuando nos jubiláramos”, añadió.
Saúl al igual que otros 30 mil integrantes del SME se negó a recibir la liquidación de que le ofreció el gobierno de Felipe Calderón, “es una limosna la que nos quieren dar. Mi padre y mi abuelo fueron electricistas, primero me muero antes agarrar ese dinero, sería como darle la razón”.
El dirigente de la subdivisión de Nuevo Necaxa del SME, Domingo Aguilar Vázquez, aseguró que seguirán en pie de lucha hasta que el gobierno federal les de empleo, con recontrataciones en otras área de gobierno o con la figura de patrón sustituto en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También exigen que el gobernador Rafael Moreno Valle los ayude con la creación de un seguro de desempleo, becas, despensas y “al menos” empleo temporal, ya que Juan Galindo está en emergencia económica.
“No pedimos que nos resuelva el problema federal que tiene el SME, eso está en los juzgados (…) Vamos para dos años sin empleo y sin dinero y en lugar de que nos envíen apoyos nos mandan a federales y soldados”, dijo.
Añadió que la falta de mantenimiento al sistema hidroeléctrico por parte de la CFE, pone en riesgo de muerte a las poblaciones de Juan Galindo y Tenango de las Flores, ya que debajo de ellas pasan túneles que conducen electricidad.
Recordó que Miguel Márquez Ríos se encuentra recluido en el penal de San Miguel desde el pasado 21 de octubre de 2010, “es un preso político de Calderón”. Reconoció que él y otros siete compañeros que participaron con Márquez en una quema de boletas de la CFE, cuentan con amparos para evitar ser detenidos.
“¿Qué si tengo miedo?, pues claro. Pero no dejaremos la lucha a pesar de que digan que somos provocadores como pasó en Huachinango que no acusaron que golpear a los escoltas del gobernador Rafael Moreno Valle. Lo único que queremos es que se acuerden que seguimos vivos”, dijo.
El ex secretario general del SME, Víctor González León, dijo que desde el decreto de extinción han fallecido mil 600 jubilados y 35 activos por estrés, paros cardiacos o por no contar con tratamiento médico para enfermedades crónicas.
Además dijo que se han reportado más de 60 suicidios, tres de ellos de electricistas poblanos “que no pudieron más y se quitaron la vida”.
“Nunca habíamos tenido ese índice de mortalidad en la organización. El decreto ha acelerado la muerte de los electricistas. Independientemente de la depresión, los problemas económicos también ha traído divorcios”, dijo.
A mediados del mes pasado el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Javier Lozano Alarcón, reconoció que tanto el gobierno federal como el estatal necesitan hacer un esfuerzo mayor para reactivar la economía en las regiones de Nuevo Necaxa y Huchinango, sin embargo insistió que los ex electricistas deben aceptar la liquidación.
“No han querido cobrar su liquidación porque están a la expectativa de que el Congreso de la Unión les cree un nuevo organismo, cambiando la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En mi opinión los están engañando, eso no va a ocurrir. Están a la expectativa de que en algún momento el Poder Judicial va a ordenar la figura del patrón sustituto en la CFE, también en mi opinión eso no va a ocurrir, como no ocurrió el amparo, ni que se viniera abajo el decreto de extinción”, enfatizó.
En tanto el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Víctor Manuel Barceló, dijo que integrarán comités de Corresponsabilidad Democrática, donde los electricistas accederán a programas sociales, además de que serán contratados para la construcción de la carretera de Necaxaltépetl-San Agustín.
En tanto esto sucede, María seguirá vendiendo tamales para “irla pasando y tener al menos para la comida del día”; mientras su esposo Luis, seguirá velando afuera de la hidroeléctrica en espera de que el gobierno federal lo re contrate o el gobierno estatal envíe despensas o implemente un subsidio para los electricistas desempleados.
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