Son los funcionarios federales, estatales y municipales, y hasta los integrantes de los poderes judiciales quienes no contentos con nadar de a muertito en el pantano de la corrupción (los erarios públicos como botín, la nave estatal asaltada por esa moderna piratería) y la impunidad, ahora mismo desobedecen las resoluciones de jueces y magistrados e incluso de la Suprema Corte (también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Federal Electoral, aparte de las complicidades de sus miembros para dispensar sanciones electorales).
Le llaman desacato a esas conductas. Son actos y omisiones contra la legalidad. Es el caso del desgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías (consultar su ficha en el diccionario Los panistas, de Mireya Cuéllar, ediciones La Jornada), quien contra dos fallos de un juzgado federal de distrito, y uno más por no acatar estos dos –que establecen que no debe continuar, con sus empresarios favorecidos, la construcción del acueducto para robarse el agua del Valle del Yaqui–, insiste en hacer la obra.
Con uniforme de general de cinco estrellas al frente de su “no-guerra” contra todo lo que se mueva, con incursiones de soldados y policías dirigidos por el nefasto García Luna y el investigado Luis Cárdenas, Calderón, acompañado por Luege, el director de la Comisión Nacional del Agua, ha apoyado a ese desgobernador. Los tres están desobedeciendo resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Y, por tanto, son presuntos responsables de delitos cometidos por funcionarios: uso indebido de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencias y cohecho.
Ése sería el listado mínimo que se debe y puede imputarle a Padrés, Calderón y Luege. No entienden que el problema de la escasez de agua en Sonora (como en otras partes del país, ante la terrible sequía) se soluciona con desaladoras en Michoacán, Jalisco, Sinaloa, etcétera. Pero han optado, en su necedad para cubrir la corrupción del botín, por obras irracionales.
El acueducto de la presa El Novillo (ésta como cada año, a menos de la mitad de su capacidad y en 2007 casi seca por falta de lluvias que abastecieran al Río Yaqui) es una estupidez de Padrés, una imbecilidad de Luege y un abuso de poder de Calderón. Ya los más afectados, que son los productores, como se les llama a los agricultores, campesinos, ejidatarios, pequeños comuneros y los pueblos indígenas del Valle del Yaqui (Pótam, Bácum, Vícam) agotaron todas las vías pacíficas: audiencias con Padrés, con Calderón y Luege. Ya se cansaron de protestas en Cajeme y su cabecera, Ciudad Obregón. No les queda para continuar más que ejercer, hasta sus últimas consecuencias, sus derechos; marchar con 500 tractores, pobladores y dirigentes, desde Sonora, por Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Morelos hasta la ciudad de México, para presentar una protesta contra los actos de la autoridad Calderón-Luege-Padrés.
Es una marcha sustentada en los artículos constitucionales 8, 9 y 11, la cual rematará ante la Suprema Corte para, una vez más, denunciar el desacato federal y estatal a las resoluciones judiciales. No hay otra opción, puesto que el desgobernador, su director jurídico y otros padrecistas han declarado que el “acueducto no se detendrá”, no obstante que la jueza Octava de Distrito emitió la resolución 865/2010, por desacato y sólo falta pedir el uso de la fuerza pública para detener la obra.
En la maniobra para llevarla a cabo, el señor Calderón (el día 10 de marzo de este año) fue a Sonora sólo para apoyar a Padrés en su barbarie de robo del agua, en lugar de solucionar la demanda con dos desaladoras, una en Bahía de Kino y otra en Guaymas (con lo que Sonora tendría la posibilidad de varios cultivos anuales, ahora que tanto se necesitan los alimentos agrícolas y ganaderos). Se trata de un abuso enloquecido de Padrés y las complicidades de Luege y Calderón, en una burrada propia de idiotas.
Así que la marcha de protesta es el último eslabón de la vía pacífica que han estado ejerciendo los sonorenses del Sur. No habrá concesión alguna hasta que Padrés desista y que Calderón y Luege dejen de alentar y apoyar semejante estupidez. El desgobernador ya dividió a los sonorenses y a los panistas, a grado tal que el problema puede arrastrarlos a una confrontación, cuando las desaladoras son la solución radical. Pero Padrés insiste en su capricho de mal gobernante. Tal y como fue denunciado, en la construcción del acueducto está en juego un negocio de más de 500 millones de pesos que podría ser el botín. Y es que el consorcio que construye el acueducto cotizó y contrató la obra con un costo mayor al que hicieron ICA y Makro-Grupo. Y esto presume corrupción de Padrés.
De los 140 kilómetros que tendrá de longitud el acueducto, lleva un avance del 20 por ciento sobre el municipio San Pedro de la Cueva, donde se encuentra la presa El Novillo. Esto a pesar de las resoluciones que ordenan la suspensión de la obra y la disposición que tipifica el desacato del desgobernador. Así que el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua emprenderá la marcha de los tractores y agricultores con los pueblos indígenas para protestar en la capital del país. Padrés, Luege y Calderón están en la mira, cuando el país hierve de protestas por el mal gobierno federal y, en este caso, el de Sonora, porque en lugar de soluciones, se quiere ejecutar el robo del agua.
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