La elección presidencial del 2012 ocupa y preocupa a las cúpulas de las principales fuerzas políticas del país: el PAN y Felipe Calderón no encuentran la cuadratura al círculo de su incompetencia y corren el peligro de fragmentarse; el PRI apuesta a la unidad en torno a Peña Nieto a quien ya ven ocupando la residencia oficial de Los Pinos, con una alianza en el camino con el PANAL, el partido de Elba Esther Gordillo y el PVEM; el PRD tiene pocas opciones y todo parece indicar que apoyarán a Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado las aspiraciones aliancistas de Marcelo Ebrad Casaubon, que parecen ser respaldadas por un Cuauhtémoc Cárdenas con cada vez menos liderazgo moral y quien ve aún una alianza con el PAN con un candidato perredista. Sin embargo, las propuestas para hacer de México un país grande y prospero no aparecen; no hay alternativas para combatir la pobreza y efectuar un mejor reparto de la riqueza; y lo peor es que otra vez los temas de la impunidad y la corrupción son los que preocupan a los legisladores federales y ocupan los principales espacios de los medios de comunicación y, por ende, de la opinión pública nacional.
En las filas de los partidos de izquierda causaron gran inquietud las declaraciones de este miércoles del ex candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, en torno a que existe la posibilidad de una alianza con el Partido Acción Nacional, siempre y cuando se realice con una propuesta y candidato del Partido de la Revolución Democrática. En una entrevista con la agencia estatal Notimex, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal precisó que “si el PAN adopta y acepta la propuesta del PRD y al candidato del PRD, bienvenidos los votos del PAN, en otras condiciones no desearía que hubiera una alianza”. Cárdenas también manifestó su preocupación por la situación del partido que fundó y admitió que “no ha habido un trabajo de mucha participación, ha venido faltando desde hace un año, y si tomamos como indicador las elecciones, hemos visto votaciones bajas para el PRD en muchos estados”.
Mientras, en el extranjero siguen acumulándose las críticas a la estrategia seguida por Felipe Calderón contra los cárteles de las drogas, en la que en la opinión del ex presidente de España, Felipe González, aplica sólo “el 15 por ciento de inteligencia y el 85 por ciento de operatividad”, cuando debiera ser a la inversa, es decir, “el 85 por ciento de inteligencia y el 15 por ciento de operatividad”. En tanto, el Congreso de la Unión está ocupado no en las reformas legislativas profundas que el país requiere para retomar la senda del crecimiento, para aumentar considerablemente la creación de empleos y atender la demanda laboral de millones de desempleados; y para hacer frente a la estratosférica demanda educativa de también millones de jóvenes que no ven opciones en su propio país para mejorar su situación económica y de sus familias, por lo que alistarse al crimen organizado es una opción cada vez más clara para ellos. No., los legisladores de todos los partidos están ocupados en el enfrentamiento político, de intereses, en la eterna lucha de facciones por un botín que cada día los hace más adictos a él, y para tal efecto hacen uso de lo que sea.
Es en ese contexto en el que se ven las cada vez más numerosas denuncias de corrupción de funcionarios de primer nivel, como el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, atrapado en la red de complicidades en la desviación de cuantiosos recursos públicos desperdiciados en los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución; en el grotesco manejo de recursos para la construcción de una obra denominada “estela de luz” y que se ha convertido en un monumento a la opacidad y a la corrupción, en donde se han ido al caño la nada despreciable suma de más de mil millones de pesos y de los cuales no se han rendido cuentas.
Tan sólo en este sonado caso, la Comisión Permanente del Senado de la República le solicitó al funcionario que aspira a convertirse en el candidato del PAN a la Presidencia de la República, que presente un informe sobre los avances, costo total estimado y erogado y –apenas hasta ahora- viabilidad del proyecto y, en su caso, fecha de finalización de esa obra que ha tenido “bastantes inconsistencias”, como en los estudios de cálculo, los cuales fueron inexactos y tuvieron un incremento de 889 millones de pesos en el costo programado, es decir, cuatro veces la erogación prevista. Tan sólo en este caso Lujambio tiene mucho que explicarle al pueblo de México.
También en la Comisión Permanente del Congreso, diputados del PRD exigieron que se integre una comisión especial que investigue el presunto desvío de recursos públicos hacia el Partido Nueva Alianza (Panal) y que el Sistema de Administración Tributaria informe de las posesiones de Elba Esther Gordillo. Esa demanda hace referencia a la denuncia del ex incondicional de la dirigente del SNTE y ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, en el sentido de que la chiapaneca le pidió desviar 20 millones de pesos mensuales de ese instituto hacia su partido político. De acuerdo con un escrito de los legisladores perredistas, a la reunión donde se hizo esa petición, que se realizó en febrero del 2007 en Estados Unidos, acudieron Tomás Ruiz, entonces presidente de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi, aspirante a dirigir al partido y actual diputado federal, y Miguel Ángel Jiménez Godínez, primer presidente del Panal. También estuvieron Benjamín González Roaro, ex director del ISSSTE, Francisco Javier Yáñez, quien dirigía la Lotería Nacional,; Fernando González Sánchez, subsecretario de la SEP y yerno de Gordillo; Rafael Ochoa, líder del SNTE, y Roberto Campa, candidato presidencial de Nueva Alianza en 2006.
Dentro de ese mismo esquema, también se da la exigencia de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, que lidera Armando Ríos Pitter, para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una investigación hasta sus últimas consecuencias del gasto de más de 118 millones de pesos que realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que encabeza Genaro García Luna, para producir la serie de televisión “El Equipo”. La bancada del PRI en el Senado también se unió esta exigencia. Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Cámara Alta y coordinador del PRI, consideró que 118 millones de pesos “es mucho para una serie televisiva”.
Y para terminar de pintar por hoy este escenario de corrupción que está caracterizando al calderonismo, también los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron una solicitud para que la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) verifique el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial. El punto de acuerdo se tomó para evitar casos como el del juez Álvaro Tovilla León, en el que su secretario tenía cuentas por hasta 342 millones de pesos.
Antes de cerrar este apartado, también hay que resaltar la corrupción en las entidades federativas, como en el Estado de Oaxaca, bajo la batuta de Ulises Ruiz. La titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad, Perla Woolrich Fernández, reveló que al concluir 16 auditorías a dependencias y entidades del gobierno estatal, no fueron hallados 3 mil 687 millones de pesos del erario público. El gobernador Gabino Cué consideró que en algún momento su antecesor, el priista Ulises Ruiz, deberá comparecer ante la justicia.
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