La llegada de Antonio Vivanco Lamadrid al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se da en medio de casos de corrupción no aclarados ni sancionados, incapacidad de asumir el control técnico y administrativo del servicio en la parte centro del país y una ola de reclamos e inconformidades por cobros excesivos e injustificados.
La administración de Alfredo Elías Ayub deja a por lo menos cuatro funcionarios prófugos, sin que hasta el momento se conozca alguna aprehensión o el resarcimiento del daño causado a la nación. Desde el año pasado las investigaciones y las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) continúan sin producir detenidos.
El caso con mayor difusión fue el soborno conocido en 2009, el que fue ventilado por la prensa estadunidense, en la que se involucra a cuatro altos funcionarios de la CFE, quienes recibieron pagos ilícitos de la empresa suiza ABB entre 2003 y 2004 para obtener el contrato de renovación del Sistema de Información en Tiempo Real para Administración y Control de Energía (Sitracen).
ABB denunció los sobornos en 2005 cuando descubrió que su ex ejecutivo John O’Shea los había entregado a funcionarios de la CFE por intermediarios. Este ejecutivo fue despedido.
Las investigaciones en Estados Unidos prosiguieron y en 2009 se inició un juicio contra O’Shea y los intermediarios mexicanos que participaron en la entrega de sobornos a los funcionarios mexicanos. En tanto que en México ninguno de los funcionarios fue investigado.
En 2010 se revelaron los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos, identificados como Néstor Moreno Díaz, director de operaciones de la CFE; Jorge Hernández, Carlos Rovira Baker y Gustavo Santiago Torres.
Néstor Moreno Díaz gozó de impunidad dentro de la CFE por lo menos desde 2000, cuando se desempeñaban como coordinador de transmisión y transformación, y fue denunciado por personal de la propia paraestatal por malos manejos de recursos y por permitir el incumplimiento de contratos por parte de proveedores de quipos y servicios.
El comportamiento de éste y otros funcionarios no sólo fue del conocimiento del director de la CFE, sino también del órgano de control interno área de responsabilidades; del propio titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas, quien llegó con la consigna de “atrapar peces gordos”, así como del contralor interno de la Secodam, Rosendo Villareal Dávila.
El actual secretario de la Función Pública, Salvador Vega, reveló en su momento que el 16 de agosto de 2010 se abrió una investigación sobre la corrupción de funcionarios de la CFE porque no recibieron información del proceso judicial que se sigue en Estados Unidos.
Ello, pese a que tanto el ex director de Operación de la CFE Néstor Moreno Díaz como su antecesor, Arturo Hernández, son identificados en un acta de la corte del distrito de California de octubre de 2009 por haber recibido sobornos a cambio de otorgar contratos de arrendamiento de plantas de emergencia a la empresa Azusa, de California.
El actual titular de la SFP dijo que se abrieron dos líneas de investigación. La primera, a cargo de su dependencia, se relaciona con la situación patrimonial de los involucrados. La segunda, llevada a cabo por el órgano de control de la CFE, investiga el tema de los contratos. Señaló que paralelamente están colaborando con la PGR, sin que hasta ahora haya sanciones o detenidos.
Quejas por cobros indebidos y excesivos
De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las quejas contra el servicio de la CFE van en ascenso. En 2008 se habían presentado 6 mil 354 quejas por cobros indebidos, servicio deficiente y negativa a entregar información al consumidor sobre el pago. En 2009 se presentaron ante esta instancia oficial 6573 quejas, mientras que para 2010 casi se duplicaron, al sumar 11 mil 157.
Sin embargo, estos informes oficiales contrastan con el número de quejas recibidas en los diversos módulos instalados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Fernando Amezcua, secretario del interior del gremio, aseguró que se han recibido alrededor de 100 mil quejas debido a que no se está tomando la lectura y siguen llegando los estimados en los recibos de cobro.
“No es la lectura que realmente está consumiendo el usuario, pero esto lo hacen porque no tienen la capacidad para tomar la lectura.”
Informó que la Profeco sólo les recibió unas 60 mil quejas de los usuarios inconformes, debido a que se les informó que con el personal con que cuenta tardarían alrededor de 3 años en desahogar estas inconformidades.
Además, sin el consentimiento de los usuarios, se está realizando el cambio de medidores que ahora serán de prepago. El problema es que las tarjetas de prepago tendrán un valor nominal de 2 mil 500 pesos cuando la CFE empiece a utilizar este nuevo mecanismo. Entre las principales problemas de los usuarios está el alto costo de las facturas y constantes variaciones en el voltaje, con la consecuente quema de aparatos electrodomésticos.
Por otro lado, Fernando Amezcua informó que la CFE está modificando la infraestructura eléctrica mediante el cambio de postes y nuevas líneas. Ahora las líneas son de aluminio y no de cobre, pero el inconveniente es que por la alta contaminación deben ser de cobre y no de aluminio para que sea de mayor calidad y no haya fallas de energía.
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