El Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra anunció que el domingo 24 de abril realizará una segunda consulta ciudadana, en las siete comunidades rurales afectadas por la imposición e instalación de torres de alta tensión por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Otra vez las comunidades poblanas enfrentan no sólo a una paraestatal que quiere imponer su voluntad en su área de vida, sino también a políticas gubernamentales que, al promover la instalación de megaproyectos, bajo la premisa de que mejorará la situación macroeconómica de la región y del país, promueven conflictos sociales y ambientales.
Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos, precisó que es la segunda consulta que organizan, y esta vez es para que las propias juntas auxiliares decidan si quieren la instalación de los postes de alta tensión, además del futuro que deben tomar sus tierras de cultivo.
El resultado, agregó, será entregado a las autoridades locales y estatales, para que respeten la decisión de los pueblos y se evite un conflicto social mayor.
La consulta, informó, se llevará a cabo de las 8:30 hasta a las 18 horas en San Diego Cuachayotla, San Sebastián Tepalcatepec, San Cristóbal Tepontla, Santa María Zacatepec, San Juan Tlautla, y la colonia Ángeles, de Juan C. Bonilla.
En entrevista, Flores expuso que las comunidades están cansadas de que no sean tomados en cuenta por las autoridades para la creación de megaproyectos, cuando son ellos los directamente perjudicados o beneficiados.
Aunque para las autoridades, explicó, la creación de corredores industriales es sinónimo de progreso, para los campesinos equivale a desalojo y a la pérdida paulatina del oficio de la labranza del campo.
Por tal razón, recalcó que no se quedarán con los brazos cruzados mientras ven cómo sus tierras de cultivo son convertidas en fábricas y unidades habitacionales.
Por lo contrario, dijo que proyectos como la construcción del Libramiento Poniente, de un gasoducto y a la instalación de torres de luz de alta tensión, ha permitido que los pueblos se unan y resistan el embate de la transformación del campo.
Esta compleja situación, señaló, se presentó desde hace más de dos décadas en la zona, pero se agravó con la presencia de empresas mobiliarias como Casas Ivi y Sitma, que se han sumado a minar los recursos naturales, para urbanizar más de mil hectáreas de tierras agrícolas.
Finalmente, precisó que los pueblos fueron y siguen siendo sometidos a acciones de expulsión, cuyas motivaciones son múltiples, pero siempre por razones de “interés económico mayor” u “obras de utilidad pública”, que no benefician a dichas poblaciones afectadas por el despojo.
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