De acuerdo con un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a los usuarios de la zona fronteriza de Baja California tarifas hasta 770 por ciento más altas que las que cobra por exportar energía eléctrica a Estados Unidos. En tanto, una investigación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) señala que la electricidad enviada al norte de la frontera es la más subsidiada en el país, lo que representa un agravio para todos, lo cual demuestra que las tarifas del horario pico no están basadas en una realidad de oferta y demanda, ni en la capacidad de producción real, y refuerzan la tesis de que se está sacrificando a nuestra región por acciones exclusivamente recaudatorias.
Los abusos de la CFE contra los consumidores mexicanos en la frontera norte han dado lugar, desde hace muchos años, a movimientos de protesta organizados por los usuarios, a fin de enfrentar cobros asfixiantes y desmesurados. Tras el golpe de la administración calderonista contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en octubre de 2009, incontables consumidores domésticos, comerciales e industriales de la zona centro del país han venido sufriendo atropellos similares con el argumento mendaz de que las tarifas deben reflejar los costos reales de producción de la energía eléctrica a fin de no afectar las finanzas de la paraestatal.
Es difícil, sin embargo, conciliar tal alegato con el hecho de que la CFE compre energía generada por trasnacionales privadas a precios mucho mayores que los que le implicaría producirla, que condone pagos a grandes concentraciones empresariales, que cobre tan poco dinero por la electricidad exportada, que invierta sumas tan evidentemente desmesuradas en campañas de imagen, que el patrimonio de la disuelta LFC haya sido manejado en forma tan opaca que resulta inevitable sospechar de un pillaje a gran escala y que el costo de liquidación de esa empresa haya resultado mucho más alto que el supuesto déficit de la entidad liquidada.
No debiera escapar a la atención el paralelismo entre los dispendios en la CFE y las inexplicables aventuras emprendidas por la dirección de Pemex, tanto en inversiones ruinosas para sacar a flote a empresas españolas al borde de la quiebra como, en fecha más reciente, en el ramo de los hoteles flotantes.
El caso de la CFE es, en suma, paradigmático de la opacidad, discrecionalidad y corrupción que ha imperado en la administración del sector energético, y consistente con el designio del grupo gobernante –designio retomado y pregonado por el equipo de Enrique Peña Nieto– de acabar con el estatus público de las entidades eléctrica y petrolera y de entregarlas a los capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. En lo inmediato, en ambos casos, los hechos indican que ambas empresas operan ya al servicio de intereses foráneos y en detrimento de las necesidades internas del país.
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