Una de las consecuencias inmediatas del golpe felipista contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue el arbitrario encarecimiento del servicio mediante una facturación adulterada por la nueva firma operadora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin mayor justificación que el descontrol que presuntamente era consustancial al cambio de administradores, los recibos de consumo comenzaron a llegar a los domicilios de los antiguos suscriptores de LFC con cobros siempre a la alza, hechos al cálculo y escandalosos en muchos casos en cuanto a su desproporción con los pagos acostumbrados.
Ya de salida, la administración calderonista ha dado a conocer con pretensiones optimistas un nuevo ajuste a esas tarifas manejables a contentillo pero además, en un lance que no puede escapar de la etiqueta de cínico, anuncia a los usuarios que ahorrarán un siete por ciento, es decir, unos 530 millones de pesos al mes, gracias a la eliminación de los brincos que hacían que se cobrara de más. Dicho de otra manera, el gobierno felipista reconoce que durante años ha cobrado en exceso a la clientela cautiva de la CFE (que pomposamente se hace llamar empresa de clase mundial). Cuando menos 530 millones de pesos al mes, a causa de brincos en las formas de tarifar.
¿Devolver a los quince millones de usuarios lo mal cobrado? ¿Bonificar lo sustraído a los bolsillos de la gente? ¿Castigar a quienes hubieran propiciado o permitido durante años ese saqueo hormiga? Nada de eso. Simplemente una recomposición chambona del asunto, como si un taxista informara a sus clientes que durante años ha usado un taxímetro con tarifas que permiten cobrar de más y que ahora lo ha reparado. O que dice haberlo reparado, cuando él va a dejar el negocio en manos de otros.
Los ajustes calderonistas de fin de sexenio tienen como inevitable punto de referencia el abuso desde el poder y el fracaso político. No mejoró el servicio público de suministro de energía eléctrica al liquidar a LFC y concentrar todo en la CFE. Ni más eficaz ni más barato, sino todo lo contrario. Pero Calderón se concedió el capricho de enderezar una campaña aplastante desde el gobierno federal contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyos vicios como institución y los que a título personal desplegaran algunos de sus trabajadores, no son ni mayores ni peores que los del sindicalismo que protegió y benefició Calderón a lo largo de su desgobierno, entre otros, a guisa de ejemplo, los de los petroleros y de los trabajadores de la educación.
Resulta, sin embargo, que los brincos que quiere Calderón corregir a última hora no son solamente tarifarios, sino también políticos, sociales y jurídicos. A pesar del sucio empecinamiento del entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de su jefe colérico, el mencionado FC, y de la propaganda gubernamental que propiciaba un linchamiento contra el SME, esta organización ha sobrevivido y según el más reciente resolutivo de la justicia federal respecto a su caso, está en vías de que la CFE asuma su obligada condición de patrón sustituto luego de la liquidación de LFC, debiendo restituirlos en sus plazas laborales y debiendo pagar lo que conforme a derecho corresponda por estos años en que fueron injustamente despojados por quien con doble falsedad llegó a proponerse como presidente del empleo.
Múltiples maniobras provenientes de ánimos políticos envenenados están por quedar al descubierto en cuanto sus ejecutores dejen Los Pinos (aunque, por desgracia, peores augurios, con distintas siglas partidistas, se aprestan a tomar ese lugar). Una de ellas ha sido la de la supresión de LFC para dar vía libre a los grandes negocios facciosos con fibra óptica a los que el sindicalismo correspondiente a esa empresa presentaría entendibles objeciones. A pesar del gran entendimiento a título de cómplices que se va configurando entre los que se van y los que llegan, buena parte del catálogo de horrores practicados por el calderonismo está por conocerse con más detalle, aunque todo finalmente quede, en este México anestesiado, en brincos y no en justicia plena.
Astillas
El gobernador Fausto Vallejo sigue dando ejemplo de impericia peligrosa. No ha encontrado mejor manera de tratar de resolver el caso de los normalistas detenidos más que dosificando su liberación y sosteniendo su postura de bravucona defensa de un estado de derecho terriblemente mancillado en Michoacán. Aferrado al estilo del viejo-nuevo PRI del uso de la fuerza pública para sostener el principio de autoridad, ha hecho que sectores muy activos, como el del profesorado no gordillista, encabece manifestaciones masivas. El muy deficiente manejo político de Vallejo se ve agravado por las versiones de que su salud está afectada por males de difícil curación. Todo lo cual ha llevado al precoz planteamiento de que ese gobernador endeble debe renunciar, lo que alimenta los apetitos revanchistas del perredismo cardenista (que no pudo sostenerse en el poder, luego de la mala gestión de Leonel Godoy) y del panismo calderonista que sigue soñando en la posibilidad de instalar a la hermana Cocoa aunque sea en un interinato…
Hay una marcada tendencia de los triunfadores formales del pasado proceso electoral (EPN, el PRI, Calderón, el IFE, el tribunal electoral) para apretar la marca a la única oposición real que tuvieron, la de la izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Ahora se ha llegado al extremo de multar a ese polo de partidos, el Movimiento Progresista, por haber denunciado en segmentos televisivos las evidencias de la compra de comicios realizada mediante tarjetas como las de los almacenes Soriana. Frente al cúmulo de irregularidades cometidas por el PRI, la autoridad cree conveniente castigar a esa izquierda, casi al estilo de las cartulinas del crimen organizado que sobre el cadáver de sus opositores dejan escrito: “pa’que aprendan a respetar”…
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