Disminuido y cercado por sus propios errores y contradicciones, el presidente Felipe Calderón ha iniciado ya una caída en picada al aceptar que muchas de sus órdenes ni siquiera se cumplen por los integrantes de su gabinete, como lo dejó entrever en la reunión que sostuviera con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el Alcázar de Chapultepec. Martín Esparza Flores*
Con un tono soberbio, el mandatario señaló que su gobierno no es autoritario ni represor al justificar el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico que ha regado miles de muertos por todo el país.
Claro que ninguno de los asistentes creyó sus palabras, pues al ingresar al encuentro a los convocados se les prohibió introducir fotografías de sus familiares asesinados o desaparecidos, lo que constituye una prueba más de la innegable intolerancia que ha caracterizado a este gobierno.
El mayor problema es que al presidente ya nadie le cree cuando afirma situaciones que los hechos desmienten por sí solos. Un caso palpable de su autoritarismo fue la forma en que se ejecutó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hace dos años. Desde la represión del Movimiento de 1968, no se tenía memoria de que un gobierno ejerciera el uso desmedido de la fuerza pública para sacar a punta de metralletas a los trabajadores de sus centros de labor, como sucedió con los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Como lo hemos señalado una y otra vez, nunca se antepuso diálogo alguno a tal determinación que, lejos de haber traído beneficios a la economía del centro del país, ha generado graves problemas para diversos sectores sociales. Ahora Calderón niega que su gobierno sea autoritario cuando insiste en dar la espalda a los puntos de vista de una sociedad cada vez más agraviada con los yerros de su administración.
Araceli Rodríguez, una de las integrantes del Movimiento, dibujó con exactitud parte de la mascarada oficial con que funcionarios como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pretenden engañar a la sociedad al denunciar que en vez de invertir en seguridad, la dependencia financia programas de televisión como la serie El equipo. “En México necesitamos seguridad, no telenovelas”, dijo fuerte y claro la denunciante.
Las crónicas periodísticas describieron a un presidente cansado y en los linderos del hartazgo oficial, pues su mayor problema es que no convenció a nadie porque en sus decisiones no toma en cuenta a nadie. Y ése es su mayor problema: actuar sin consensos y a espaldas de la sociedad en la toma de decisiones, las más de las veces son equivocadas, como lo fueron también sus desafortunadas declaraciones sobre la acusación a los priístas de oscuros acuerdos con narcotraficantes, sin aportar ninguna prueba.
Ahora, la gente del tricolor ha enfilado sus baterías por la parte oficial del Instituto Federal Electoral, donde el presidente deberá de responder por sus falsos infundios, pero también tendrá que asumir el costo político de explicar la protección que gobernadores de su partido como los panistas de Morelos, Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame, han dispensado a los barones de la droga.
Los desencuentros registrados en el Alcázar de Chapultepec son además el reflejo de la descomposición de una administración que ha sido rebasado en todos los aspectos por la complejidad de los problemas sociales de México, un gobierno que a pesar de ir a la deriva, con un capitán sin don de mando y con la brújula descompuesta, insiste en ir por el “rumbo correcto”. Y mientras la nave se va a pique, Calderón insiste en su política de oídos sordos, aunque el agua ya le llegue al cuello.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Revista Contralínea
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