La Comisión Reguladora de Energía de California (CPUC, por sus siglas en inglés) ordenó a la trasnacional Sempra Energy suspender la construcción de una línea de transmisión eléctrica entre San Diego y Caléxico por la omisión de la empresa de reportar a las autoridades ocho accidentes graves sufridos por los helicópteros que erigen las torres de conducción.
El propósito de esa obra –calificada por la supervisora de San Diego Dianne Jacob de monstruosidad” por las “imprudencias y su flagrante desprecio por las reglas” de seguridad vigentes– es distribuir fluido eléctrico generado en nuestro país.
La medida ocurre en el contexto de la investigación que lleva a cabo la propia CPUC tras el apagón registrado el pasado 8 de septiembre en la red operada por Sempra que afectó una extensa región de la frontera noroeste y que dejó sin energía eléctrica a millones de mexicanos en Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado. La autoridad analiza, asimismo, la pretensión del corporativo de incrementar sus tarifas en ambos lados de la frontera.
Cabe recordar que Sempra genera la electricidad en México, la exporta a Estados Unidos y de allí la renvía a nuestro país, tal como lo autorizó en su momento la Comisión Reguladora de Energía.
Al margen de que esa decisión resulte de constitucionalidad dudosa, por decir lo menos, es claro que la presencia de Sempra en México constituye una grave vulneración de la soberanía energética del país, en la medida en que sus determinaciones en materia de inversión, operación y comercialización quedan al margen del control del Estado.
Por lo demás, el asunto tiene una implicación inevitable para la seguridad nacional: en lo inmediato, es en las negociaciones entre el gobierno de California y Sempra donde se toman decisiones que afectan, para bien o para mal, la funcionalidad de una amplia franja de territorio mexicano.
Es escandaloso que la institucionalidad del país haya perdido el control de regiones enteras en las cuales la delincuencia organizada opera como autoridad de facto. Pero no debiera serlo menos la abdicación de facultades estatales claramente establecidas en el artículo 27 de la Carta Magna y que, por lo que se refiere a la generación y el abasto de electricidad en la frontera noroeste del país, han sido cedidas a un consorcio trasnacional y a la entidad reguladora californiana.
Por último, como lo demuestra la alarma de las autoridades del país vecino, la operación de Sempra implica riesgos a los cuales los mexicanos no tendrían por qué ser expuestos, así como abusos de toda suerte que han sido documentados en pasadas ediciones de este diario.
Es pertinente y necesario, pues, restaurar la plena soberanía energética en esa zona del territorio nacional y corregir lo que constituye, desde donde se le vea, una anomalía.
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