Alumnos se reúnen con comisión legislativa que dará seguimiento al caso
Estudiantes normalistas, padres de familia y organizaciones campesinas marcharon en el Distrito Federal para exigir castigo a los responsables de la muerte de dos alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, tras reiterar que no se reincorporarán a sus actividades escolares, como demanda el gobierno estatal, hasta "hacer justicia a nuestros compañeros caídos y que se sancione a los responsables".
Encabezada por la banda de guerra de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, un contingente de poco más de 2 mil normalistas y padres de familia partió pasadas las 14 horas del Metro Xola hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde reiteraron su demanda de juicio político contra el gobernador de la entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El contingente, encabezado por estudiantes de las 16 normales rurales del país, exigió durante un mitin frente a la Cámara de Diputados, que el asesinato de sus compañeros Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el pasado 12 de diciembre durante el desalojo de un bloqueo en la Autopista del Sol, "no quede impune, como ha ocurrido en las matanzas de estudiantes de 1968 y 1971".
Demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "haga su trabajo y no dé largas para hallar a los responsables. Por eso también exigimos que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero no sea omisa en sus investigaciones y entregue todos los datos que requiere la CNDH para dar con los autores intelectuales y materiales de los hechos".
La movilización, en la que participaron contingentes de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, encabezado por Ignacio del Valle, así como Raúl Álvarez Garín, del Comité 68, además de diversas organizaciones de campesinos guerrenses, recorrió más de 10 kilómetros hasta llegar a San Lázaro, donde inició un mitin poco después de las 16:30 horas.
Los normalistas permanecieron más de una hora frente al acceso principal de la Cámara de Diputados, en la avenida Congreso de la Unión, en espera de ser recibidos por una comisión de legisladores que dará seguimiento a la denuncia sobre actos violatorios de los derechos humanos –interpuesta por los estudiantes de Ayotzinapa– y a su demanda de juicio político contra Aguirre Rivero.
Emilio Albentosa López, vocero de los normalistas, indicó: "no vamos a parar las movilizaciones ni en Guerrero ni en la capital del país, hasta que escuchen nuestras demandas y se haga justicia".
Evelia Herrera, tía de uno de los normalistas asesinados el pasado 12 de diciembre, afirmó que las familias de las víctimas "sólo pedimos justicia, y que no se intente culpar a los estudiantes normalistas de estos hechos, porque fue el gobierno del estado quien mandó policías armados a atacar directamente a los jóvenes e incendiar la gasolinería", hecho que provocó la muerte de un trabajador.
Indicó que no aceptarán ninguna indemnización por la muerte de su familiar, "lo que demandamos es que se castigue a los culpables y que sus muertes no queden impunes".
Integrantes de la comisión de estudiantes normalistas indicaron que tras hora y media de conversación con los legisladores, se acordó una segunda reunión para el próximo martes, así como insistir en la solicitud de que la Cámara de Diputados dé seguimiento al caso Ayotzinapa e inicie un juicio político contra el gobernador de la entidad.
Ni encubrimientos ni chivos expiatorios: PRD
Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, emplazó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, a someterse a los requerimientos de información que le ha hecho la CNDH con relación a las investigaciones sobre los sucesos violentos de diciembre pasado, donde fueron asesinados dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que se debe dar con los responsables de los sucesos trágicos y subrayó que el PRD no va a encubrir a nadie que pueda tener responsabilidad, pero tampoco va a permitir que se quiera construir un chivo expiatorio en la figura del gobernador, "sólo porque haya algún interés político".
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