Comisión de seguimiento exige a la SG solución para conflicto del SME

El problema tiene impacto social por el "deterioro en el servicio"

Patricia Muñoz Rios

La Comisión de seguimiento de las negociaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), envió ayer una carta a la Secretaría de Gobernación, en la que señala que "después de más de dos años, no puede ni debe retrasarse más la salida a este grave conflicto social, propiciado por el propio gobierno federal".

Esta comisión de la cual forman parte Rosario Ibarra, Raúl Vera, Miguel Concha Malo, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Carlos Fazio, señala en la misiva que postergar una solución sólo puede profundizar el conflicto con los electricistas en resistencia, con las consecuencias siempre agravadas para los miles de trabajadores, sus familias y para la sociedad entera, y "significa también el deterioro en la provisión del servicio público de electricidad".

En el documento indican que esta representación –integrada por personas comprometidas desde diversos ámbitos de la sociedad con los derechos humanos y civiles– decidió dar seguimiento a dichas negociaciones, preocupada por la prolongación del conflicto que afecta a más de 16 mil trabajadores y a miles de jubilados de lo que fuera la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.

Pero también lo hace por las consecuencias públicas del conflicto y las alteraciones que ha traído a la vida cotidiana de los habitantes del centro del país y el alto impacto social, por lo que un arreglo es del interés de la sociedad en general.

En el documento los integrantes de la comisión piden al secretario Alejandro Poiré que no se postergue más la solución, le solicitaron una entrevista y le recordaron que ya se habían reunido con el anterior titular de la dependencia, Francisco Blake Mora.

Explicaron que la comisión compuesta también por John Saxe, Magdalena Gómez, Manuel Fuentes, Alfonso Bouzas y Héctor de la Cueva, entre otros, se creó bajo los siguientes propósitos: dar seguimiento a las negociaciones y acuerdos emanados de las mesas; observar el cumplimiento de los compromisos y, en caso contrario, actuar en consecuencia para exigirlo ante las instancias necesarias; mediar y actuar ante cualquier otra instancia involucrada en el conflicto en caso de considerarse necesario.