Reforma energética: tercera aproximación

Uno de los aspectos más delicados –entre otros– que involucra la llamada reforma energética es el fiscal. Y subrayo entre otros porque rápidamente me vienen a la memoria cinco más: 1) participación privada en energía la que –a decir de personeros del nuevo gobierno– está por definirse en algunos detalles (No olvidemos, el diablo está en los detalles); 2) volumen y destino específicos de subsidios –monto de dinero de los contribuyentes– en combustibles y electricidad; 3) en vinculación con los subsidios, es un asunto delicado el del nivel de precios, de combustibles y de electricidad, máxime si en el sector energético no se vive –por mandato constitucional, lo que tanto preocupa a la ortodoxia económica–, la competencia, pese a la
aceptación unánime de las fallas del mercado y de la necesidad de la regulación gubernamental; 4) los delicadísimos asuntos del cambio climático, del control de gases de efecto invernadero, de la lluvia ácida, del deterioro de los recursos naturales y del ambiente, que obligan no sólo a pensar en el origen, forma de producción, volumen y calidad de los combustibles, sino en las formas tradicionales o alternativas de su consumo y, finalmente, de satisfacción de los diversos usos de energía: iluminación, calor de proceso, calentamiento de agua, cocción, conservación y refrigeración de alimentos, movimiento de personas y productos, acondicionamiento de temperatura en viviendas, edificios e instalaciones, bombeo de aguas potables, aguas negras y aguas para riego agrícola, básicamente; 5) finalmente, y más específicamente – para sólo señalar un aspecto más por el momento, el similarmente delicado asunto del ahorro y uso eficiente y racional de generar y consumir energía, en donde, por cierto, se encuentra hoy la novedad eólica, tan publicitada por el gobierno que concluye.

En esta, por cierto, se ha omitido garantizar el pago de lo que en muchos países llaman derechos del viento (asunto fiscal de primer orden, a más de su ubicación en el marco del 27 constitucional), y que constituye un verdadero problema social por las formas desaseadas en que muchos gobiernos –como también lo ha hecho, sin duda, el gobierno que concluye– asignan áreas para la instalación de aerogeneradores, con la coartada del aliento a las renovables y a la lucha contra el cambio climático.

Como me permití indicar antes, hoy sólo señalaré brevemente un aspecto de la tremenda problemática fiscal, involucrada en la explotación petrolera, y que se reconoce en los llamados Derechos de Extracción de Hidrocarburos, ora identificados como ordinarios, pero también como extraordinarios, especiales o específicos. Me refiero, pues al excedente petrolero y su capacidad –enorme capacidad– de frenar e inhibir cualquier reforma fiscal de fondo, lo que ha permitido que en México nunca se paguen impuestos con un peso mayor a 10 u 11 por ciento del PIB. Ejemplo palmario la terrible fiscalidad de este sexenio en el que abundaron los recursos fiscales petroleros. Como en ningún otro, pese a la debilidad crónica petrolera.

El 2011 arrojó ingresos por derechos de hidrocarburos del orden de los 68 mil 300 millones de dólares. Y este 2012 ingresarán al fisco no menos de 70 mil millones de dólares más, a pesar de cinco circunstancias que –oficialmente se señala– han alterado el presupuesto: 1) precio de la mezcla mexicana de exportación (107 dólares por barril) superior en seis dólares al de 2011; 2) Tipo de cambio 7 por ciento inferior al los 12.43 pesos por dólar de 2011 (13.30 en 2012); 3) menor tasa del derecho ordinaria del derecho de 72.5 a 71.5 por ciento; 4) baja de 36 por ciento en el precio internacional en dólares del gas natural; 5) reducción en 21 mil barriles al día en la producción de crudo (de 2.550 a 2.529 ) y baja de 11.9 por ciento en la producción de gas natural (de 6 mil 594 millones de pies cúbicos diarios a 5 mil 809).

No obstante, los derechos de hidrocarburos (excedente petrolero) serán los segundos más altos recibidos por un gobierno en un año fiscal. Los primeros fueron en 2008, con un monto ligeramente superior a los 80 mil millones de dólares (87 mil millones en dólares de este año 2012, con un peso en el PIB de 7.4 por ciento). Esto hace del ingreso petrolero fiscal del sexenio, el más alto de la historia de nuestro país: cerca de 380 mil millones de dólares, con una participación promedio en el PIB de 5.8 por ciento. Fox con 3.8. Zedillo con 2.8. Salinas con 2.5. De la Madrid con 3.8. Ni más ni menos.

Por eso, cuando hablan de privatización, creo que hablan de un fantasma. ¿Qué gobierno renunciaría a este poder fiscal? ¿Están locos? ¿Compartir excedente con los capitales privados que no pagan impuestos? ¡Por Dios!