El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso de la Unión por Felipe Calderón, con carácter de “preferente”, encierra un auténtico golpe de Estado en contra de millones de trabajadores no sólo de la ciudad, sino también del campo, a los que se pretende anular sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, tales como la estabilidad en el empleo, el salario remunerador, las condiciones dignas de trabajo, la seguridad social, el derecho a huelga y la libertad sindical, entre otros.
Calderón pretende nuevamente hacer uso indebido del aparato de gobierno y de las instituciones para cometer uno más de sus atropellos en contra de la clase trabajadora, a la que prometió 1 millón de empleos anuales bien remunerados pero sólo le entregó 2 millones en todo el sexenio, y de los cuales, siete de cada 10 son informales. En 2009, cuando violó todos los preceptos jurídicos, echó mano de elementos del Ejército a los que disfrazó de policías federales para sacar de sus centros de trabajo, a punta de bayoneta, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y operar así su ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ahora, con el maridaje del Partido Revolucionario Institucional, y sin el menor consenso con los directamente afectados, intenta aniquilar el nivel de vida de los que menos tienen al ponerlos de rodillas con la más absoluta indefensión ante la clase empresarial.
