Existe muchas formas de acallar, de amordazar, y en nuestro país se ha seleccionado, como en muchos otros renglones, la que resulta mortal, la del crimen, la del asesinato, la de seguir garantizando masacres e inseguridad a todos los ciudadanos sin distingo de profesión, de grupo social o político. Es aquí en donde ya se ha hecho toda una “maestría” en estas prácticas que incluso trascienden fronteras. En Washington, el Comité para la Protección de Periodistas a través de uno de sus directivos aseguró que “México vive una crisis nacional que amenaza su propia estabilidad política por los numerosos ataques a periodistas y medios de comunicación”.
Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité mencionado, advierte que los hechos que se registran se han convertido en un problema que va más allá de la libertad de prensa ya que está afectando el derecho humano básico de los mexicanos garantizado en la Constitución que es el acceso a la información. Y es que en efecto y tal como lo dio a conocer la agencia AFP, la ola de violencia sin precedentes en contra de los comunicadores y de los propios medios ha provocado “el silencio y una censura cada vez mayor” y el resultado es que ya no se cubren en su totalidad y a fondo las notas criminales.
Tan solo este año ya son tres los periodistas asesinados que aumentan la cifra de 66 que fueron ultimados en la década y a los que hay que agregar una docena de desaparecidos cuyo paradero, como es lógico suponer después del tiempo transcurrido, habrá de encontrarse en alguna fosa. En torno a estos asuntos la impunidad es la bandera, sólo se ha esclarecido el 15 por ciento de estos crímenes. Al respecto, la encargada de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, lamentó que el gobierno mexicano se haya demorado en poner en funcionamiento un sistema de protección a periodistas y subrayó “México no se puede dar el lujo de seguir fallando en esta materia”.
En este renglón habrá que puntualizar que nada se ha hecho con respecto a este tipo de asesinatos. Crearon una fiscalía especial federal que posteriormente se extendió a las procuradurías estatales para la atención a todo tipo de acciones en contra de periodistas que se dijo iban desde las amenazas, censuras, agresiones, etcétera, que no han servido absolutamente para nada. En el presente ya no hay ni quien se ocupe de conocer el nombre de quien encabeza esta oficinita que no tiene ni un peso de presupuesto federal y a la que le hacen el fuchi los gobernadores, quienes incluso ya ni la mencionan cuando les explota la bomba con un nuevo asesinato en contra de un comunicador o es atacado algún medio de comunicación.
Como se recordará, hubo reuniones de los medios de comunicación en la frontera Norte e incluso acordaron que ya no habría ninguna información de tipo policiaco porque no estaban dispuestos a seguir siendo víctimas de ataques y que continuara la matanza de periodistas. Lo que se suponía sería una presión para el centro terminó convirtiéndose en todo un respiro y al tiempo -y dados los hechos que se van registrando día con día- ha resultado prácticamente imposible sustraerse de manejar ese tipo de notas y siguen corriéndose los mismos o peores peligros que cuando tomaron la determinación de no sacar a la luz las acciones de la delincuencia.
Aunque también habrá que anotar con toda claridad que no cubre toda la información, que son muchos más los muertos y las acciones de las mafias que ya no se tiene espacio para documentarlas y porque esta nueva censura, la del miedo, la de la muerte, está surtiendo su efecto. Sin embargo, como no registrar incluso lo que es oficial, como el reporte de la fiscalía de Chihuahua que reportó que tienen ocho cadáveres masculinos que pertenecen a quienes murieron en un ataque de un comando en el poblado de El Pilar, Municipio de Moris, en la Sierra Tarahumara. Su edad, entre 20 y 30 años.
En esas mismas informaciones “oficiales”, aparece la de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en relación a la aparición de los cuerpos de tres agentes de tránsito del Municipio de Guadalupe quienes habían sido privados de su libertad. Los localizaron en ese mismo municipio, en la colonia Cañada Blanca. Horas más tarde apareció otro cadáver éste en la Sierra de Santiago y con el tiro de gracia.
Es la propia Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero la que reporta que sujetos armados emboscaron y asesinaron a seis personas, entre ellas a dos menores de edad cuando viajaban a bordo de una camioneta hacia la comunidad de Buena Vista del Sur, perteneciente al municipio de Heliodoro Castillo. Hasta el cierre de estas líneas solo daban cuenta de los muertos pero desconocían el móvil y por supuesto que tampoco tenían, dicen, la menor idea de quienes fueron los agresores.
Pero como todos los días, el reporte de “guerra” no termina ya que en Durango -y también basados solamente en la información oficial- la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre el hallazgo de otra fosa clandestina, la número ocho en esa Entidad para ser exactos, en el fraccionamiento Caminos del Sol, en plena capital, y aún y cuando todavía no dan a conocer el número de cuerpos encontrados en ese lugar, sí se supo de dos cadáveres más en las excavaciones de la colonia Valles de Guadiana.
A partir del 11 de abril, fecha en la que encontraron la primera fosa, ya se contabilizan 249 cadáveres.
Como para que no entre ni siquiera un viento de esperanza en el renglón seguridad, resulta que muy oportunamente apareció muerto Luis Armando Jaqués Castañeda a quien acusaban de ser el presunto autor material del homicidio del empresario ganadero y socio del grupo lechero LALA, Carlos Ignacio Valdéz Berlanga. Su cuerpo fue encontrado sin vida apenas cuando habían transcurrido dos horas de su ingreso en el Cereso de Torreón, Coahuila, de la Entidad que apenas dejo de gobernar hace unos meses don Humberto Moreira y de la que se “exportaron” algunos jefes de seguridad con etiqueta de “muy entrones”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario