El pasado 10 de diciembre fue entregado al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, Alejandro Romero Gudiño, un escrito de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Untypp, solicitándole que el órgano fiscalizador proceda a fincar responsabilidades de carácter penal en contra de los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en las últimas 3 décadas incumplieron con el manejo de dos fideicomisos creados por la exparaestatal, y pactados con instituciones privadas, entre ellas Bancomer (hoy BBVA), para solventar el pago de diversas prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), entre ellas el pago de pensiones.
/Tercera parte
Como se estableció en las leyes secundarias derivadas de la reforma energética, el gobierno federal se comprometió a asumir una “proporción de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, siempre y cuando se cumpliera el “requisito indispensable” de que la ASF realizara una auditoría específica respecto del pasivo laboral de Pemex y sus subsidiarias con el objeto de “identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de la evolución del mismo”.
Según lo establecieron los nuevos decretos y ordenamientos sobre el particular, la inspección financiera debía concluirse en un periodo no mayor a 12 meses, no escatimando en delimitar las responsabilidades que pudieran aflorar. De manera textual, señaló: “La Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de responsabilidad penal”.
El problema es que seguramente quienes determinaron tales lineamientos no pensaron que el asunto sería como abrir una insospechada Caja de Pandora, pues ya con antelación y en años anteriores la ASF y auditores externos habían detectado serias irregularidades en el Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi), constituido en 1989 con Pemex como fideicomitente, diversos trabajadores sindicalizados, activos y jubilados, como fideicomisarios y Santander como fiduciaria que posteriormente fue cambiada por BBVA Bancomer. El otro fideicomiso auditado, el Fondo Laboral de Pensiones (Folape), también mostró significativas alteraciones en su operación, y surgió en junio de 1998, constituido por Pemex y sus organismos subsidiarios como fideicomitentes y Bancomer como fiduciario, concentrando las transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones.
En sus orígenes se establecieron las reglas de operación bajo las que deberían operar estos fideicomisos, prohibiendo el traslado de recursos a inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza, pues ello implicaría responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que las autorizaran como quienes dieran el visto bueno a estas operaciones. En el contrato del Folape, en su cláusula 5, subrayaba que su creación “buscaba la finalidad de que los fideicomitentes contaran con un fondo que les permitiera maximizar los recursos destinados a solventar las obligaciones que tienen con sus trabajadores, respecto del pago de los beneficios al retiro, consignadas en el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
De acuerdo con los arqueos e indagatorias, algunas ya radicadas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), los fondos de los fideicomisos para sufragar las pensiones de los trabajadores de Pemex se emplearon, entre otras anomalías, para la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar obras carreteras privadas que entraron en el esquema de privatización de gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari, y más tarde en el gobierno de Ernesto Zedillo, para canalizar recursos al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de las Autopistas Concesionadas.
En la denuncia y petición de justicia planteada por la UNTYPP, se establece que en el actual contexto el pago de las pensiones de los jubilados de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios no debe ser asumido por el gobierno federal, para convertirlo en deuda pública, pues como ha determinado la propia ASF, los fideicomisos que fueron creados ex profeso para ello, existen.
De hecho, y para dimensionar la gravedad que implica lo ordenado en las leyes secundarias, el Ficolavi inició sus operaciones con una aportación de Pemex a la fiduciaria por 271 mil 751 millones de pesos. Sin embargo, y de manera muy similar a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las ganancias obtenidas al paso de los años muestran una clara disminución en los montos de los fideicomisos, pues en el informe de los resultados de las indagatorias de la ASF se estipula en el rubro de los pasivos laborales:
“Los estados financieros no consolidados de Petróleos Mexicanos al cierre del ejercicio 2010 mostraron un pasivo laboral por 79 mil 720 millones 605 mil pesos: sin embargo, el patrimonio del Folape es de 3 mil 52 millones 245 mil 600 pesos, lo que denota insuficiencia de recursos financieros por 76 mil 668 millones 359 mil 400 pesos (96.2 por ciento), para cubrir obligaciones en un futuro con sus trabajadores, lo cual representa un riesgo, toda vez que las aportaciones no aumentan para conformar un monto de reserva y afrontar el creciente número de pensionados y jubilados.”
El asunto es que a diferencias de las Afore, a las que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) deslinda de responsabilidad alguna por la pérdida de los ahorros de los trabajadores en sus inversiones de riesgo, el manejo irregular de los fideicomisos creados por Pemex ya hace más de 2 décadas para atender sus obligaciones en el pago de pensiones a sus trabajadores sí es motivo de responsabilidades oficiales, como lo han remachado las leyes secundarias, por lo que la pregunta obligada es: ¿por qué desde antes de aprobarse la reforma energética y una vez puesta en marcha, ninguna voz oficial se ha atrevido a denunciar este multimillonario quebranto que se acumuló al paso de los años por el desvío de los recursos de Pemex a inversiones tan absurdas como el rescate carretero?
El fraude a los recursos públicos y a las pensiones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos es tan cuantioso y cargado de complicidades que se prefirió, como lo establecen en su petición de justicia los técnicos y profesionistas petroleros, encubrirlo con la conversión de los pasivos laborales a deuda pública, antes que aplicar la ley castigando a los responsables en cuya lista están lo mismo exdirectores de la entidad que hasta expresidentes.
Por eso, lo estipulado en las leyes secundarias para fincar responsabilidades a quienes quebraron y saquearon las pensiones de la exparaestatal, no pasará más allá de la aduana de los buenos deseos y el silencio cómplice de la ASF.
Martín Esparza Flores*/Tercera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea
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